lunes. 27.06.2022

El Gobierno choca con la Constitución en su promesa de acabar con los aforamientos

La eliminación de esta prerrogativa requiere de una reforma de la Carta Magna que ni PSOE ni PP quieren abordar
                      El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa. JUAN CARLOS HIDALGO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa. JUAN CARLOS HIDALGO

El anuncio de suprimir, acotar o revisar los aforamientos para los altos cargos siempre ha estado acompañado de grandes expectativas que hasta ahora han quedado en nada. Pedro Sánchez se remangó en septiembre de 2018 con un compromiso para acometer en «60 días» una reforma exprés de la Constitución para limitar esta figura. El Consejo de Ministro aprobó el 18 de enero un proyecto de reforma constitucional con esa finalidad y se pidió el informe del Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial. Hasta hoy. Nada se sabe de aquel papel, ni parece que se vaya a saber.

Pero no solo Sánchez ha protagonizado arrancadas de caballo y frenazos de burro en esta cuestión. Alberto Ruiz Gallardón se subió al carro en 2014, cuando era titular de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, y anunció que iba a reducir a 22 los altos cargos aforados. La entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría rebajó los humos del ministro y redujo sus palabras a una forma «de abrir el debate».

El proyecto también se evaporó. Sánchez lo volvió a plantear hace tres años y sacó el tema del frigorífico en enero de 2020 para incluirlo en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos. El punto 2.11.7 dice: «Reformaremos la Constitución para limitar los aforamientos políticos». El asunto corrió la misma suerte que los anteriores y el proyecto nunca ha llegado al Consejo de Ministros.

El aforamiento es para el ciudadano uno de los paradigmas de los privilegios de los políticos, aunque no solo ellos están amparados por esta figura, también ampara a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. Para hablar de cifras redondas, unas 250.000 personas de las que 232.000 son policías y guardias civiles. No hay un país que siquiera se acerque. El aforamiento permite a sus beneficiarios eludir los tribunales de primera instancia cuando son acusados de un delito penal para ser juzgados en el Tribunal Supremo o en los superiores de justicia de cada comunidad. La Constitución de 1978 otorgó esta prerrogativa al presidente de Gobierno, ministros, diputados y senadores. Leyes orgánicas posteriores ampliaron el abanico a jueces, fiscales, magistrados del Constitucional, miembros del Consejo de Estado, vocales del Consejo del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo. Los estatutos de autonomía se encargaron de aforar a sus gobernantes y diputados autonómicos. En resumen, un colectivo de unas 17.000 personas, de las que 2.000 son cargos políticos.

La razón originaria para crear esta figura era, por un lado, proteger a sus beneficiarios de demandas espurias ante los tribunales y, por otro, evitar las presiones a los jueces de primera de instancia si tenían que enjuiciar a gobernantes o a compañeros de carrera. Pero el criterio se generalizó a casi todos los órdenes de la actividad pública hasta llegar al incomprensible cuarto de millón de aforados. Cuando soplan vientos de regeneración democrática se promete su eliminación sin distinción de colores entre los proponentes. Y sin embargo, nunca se ha hecho realidad.

El obstáculo no es tanto la falta de voluntad política, que tampoco abunda. La supresión de los aforamientos exige un cambio de la Constitución. Territorio pantanoso donde los haya.

La supresión no requiere una reforma agravada del texto constitucional (con mayorías de dos tercios en el Congreso y el Senado, disolución de las Cortes, elecciones y referéndum), se puede acometer por el procedimiento simplificado que solo requiere mayorías de tres quintos en ambas Cámaras. Pero ese listón solo se alcanza con el concurso de los dos partidos mayoritarios, y el PP rechaza abrir el melón constitucional. Los populares temen, y los socialistas también aunque no lo exterioricen, que las fuerzas independentistas y también algunas de la izquierda pretendan revisar el modelo de Estado para reabrir el debate sobre la monarquía parlamentaria. Esta vía de reforma constitucional, además, prevé que los cambios puedan ser sometidos a referéndum si lo solicita el 10% de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Porcentaje que Vox alcanza, pero también la suma de los grupos parlamentarios soberanistas. Esa ratificación podría convertir esa consulta preceptiva en un plebiscito sobre la Corona.

El Gobierno choca con la Constitución en su promesa de acabar con los aforamientos