Guerra de poderes: el Gobierno acusa al CGPJ de querer «invadir la soberanía» del Congreso

La pugna entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial ha roto el corsé institucional para desembocar en un enfrentamiento sin cuartel. La vicepresidente primera acusó ayer al órgano de gobierno de la judicatura de intentar «invadir la soberanía» del Parlamento al efectuar nombramientos de jueces estando su mandato caducado hace dos años mientras el Congreso tramita una reforma legislativa para impedirlo y pretender además ser partícipe de la misma con un informe. «Es insólito», denunció Carmen Calvo.

La paciencia del Ejecutivo con el Poder Judicial ha colmado el vaso. Y viceversa. Es un enfrentamiento sin precedentes en la historia de la democracia. Ha habido momentos de tensión entre los diferentes gobiernos y el Consejo General del Poder Judicial en otros momentos, pero nunca se había alcanzado el grado de virulencia que se vive ahora, con críticas despiadadas y acusaciones de intervencionismo.

El Gobierno apretó ayer las tuercas con palabras gruesas y acercó al borde del precipicio la convivencia en la cúpula del Estado. Ninguna institución «por importante que sea», subrayó la vicepresidenta, puede «invadir la soberanía parlamentaria» porque la independencia de los poderes del Estado «es de ida y vuelta», y así como el Ejecutivo y el Legislativo respetan las decisiones judiciales sean favorables o no, el gobierno de los jueces debería hacer lo propio con las iniciativas gubernamentales y la actividad legislativa del Parlamento. «Cada uno —advirtió Calvo—tiene su ámbito y no puede invadir el de otros».

La diatriba venía a cuento de la decisión del Consejo General del Poder Judicial de nombrar este jueves a cuatro nuevos altos cargos de la magistratura y solicitar al Congreso que su dictamen sobre la reforma de la ley del Poder Judicial que impulsan el PSOE y Unidas Podemos sea tenido en cuenta. Una pretensión sin antecedentes en los anales parlamentarios.

Los dos pasos han causado profundo malestar en la Moncloa, que lo interpreta como una insubordinación en toda regla, máxime cuando el presidente del Consejo estaba advertido de que no optara por la política de hechos consumados.

El ministro de Justicia llamó el miércoles a Carlos Lesmes para pedirle que no se entrometiera en la reforma legislativa que imposibilitará los nombramientos en la carrera judicial mientras el Consejo esté en funciones. Juan Carlos Campo le solicitó, según la versión de Calvo, que «cada cual se mantenga en su sitio» y que esperara a que el Congreso culminara la reforma legislativa.

No se trata de una intromisión en su autonomía, explicó la vicepresidente en la Sexta, porque el Gobierno cuando está en funciones no toma decisiones de calado ni nombra altos cargos, igual que el Parlamento que cuando está limitado a la Diputación Permanente.

EL CONSEJO DEBE OBEDECER

Pero el órgano rector de la judicatura hizo caso omiso y aprobó con alto respaldo de los vocales, incluida la mayoría de los progresistas, los nuevos nombramientos. Su argumento es que no pueden hacer dejación de sus funciones durante la interinidad.

El Consejo del Poder Judicial, ahondó la vicepresidenta primera, ha puesto «en solfa» con su desprecio a los llamamientos del Gobierno «la democracia representativa» porque no es admisible que los legisladores tengan que soportar las presiones de otro poder del Estado. El gobierno de los jueves «debería estar a la obediencia de lo que diga el Parlamento, aunque no esté de acuerdo», como ocurre con otras instituciones cuando se legisla sobre sus campos de actuación.

Detrás de esta inédita batalla está un segundo enfrentamiento, el que mantienen el Gobierno y el PP por la renovación de los veinte vocales del Poder Judicial.

Un relevo bloqueado por los populares porque Pedro Sánchez se niega a cumplir las condiciones de Pablo Casado para alcanzar un acuerdo, entre ellas la exclusión de Podemos. Un veto que, según Calvo, demuestra que los populares no asumen «la diversidad ideológica» y que el tablero político ha dejado de estar copado por los dos grandes partidos.

Mientras tanto, el ministro de Justicia se reunió ayer mismo con las asociaciones judiciales para defender la elección parlamentaria de los vocales del Consejo, una fórmula que rechazan las organizaciones gremiales de togados, que abogan por un sistema sin filtros políticos y en el que los jueces tengan todo el protagonismo.