Una juez acusa a Puigdemont por desviar un millón cuando era alcalde
La magistrada le atribuye delitos de prevaricación, fraude y falsedad documental en la compra de arte
Puigdemont durante el acto político en el que participó en la localidad de Perpiñán.
Nuevo frente judicial para Carles Puigdemont en el Tribunal Supremo. Y esta vez por una ristra de delitos diferentes a los que le imputan en la causa del procés . Una juez de Gerona remitió ayer una exposición razonada en la que solicita que el expresidente catalán y actual eurodiputado sea investigado por delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental en la gestión de la calidad del agua de la ciudad cuando era alcalde.
Según el escrito de Elena Román, del Juzgado de Instrucción dos de Gerona, la denuncia presentada por la CUP en la Fiscalía Anticorrupción tiene indicios de criminalidad, ya que considera que Puigdemont habría destinado en 2015 un millón de euros previstos para «la aplicación del canon extraordinario de la concesión del servicio de aguas» a comprar un fondo de arte para el ayuntamiento.
El inicio de esta investigación se remonta al año 2015. La juez solicitó la imputación de Carles Puigdemont ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero tras adquirir éste la condición de europarlamentario es el Tribunal Supremo el que debe conocer estas actuaciones. En caso de que le abran una causa, el juez podrá pedir el suplicatorio por delitos relacionados con la corrupción.
Según consta en la investigación, la gestión del servicio de agua en Gerona corre a cargo de Agissa, una empresa mixta. En marzo de 2013, en el marco de la aprobación de la segunda prórroga a dicha sociedad, se introdujo el pago de un canon extraordinario de 3,75 millones.
De esa cantidad, el ayuntamiento que entonces dirigía Puigdemont recibió un total de 2,6 millones, un importe que «debía revertir en el propio servicio» de aguas, según el informe del Secretario del Ayuntamiento que consta en el escrito de Anticorrupción.
Sin embargo, y mediante un «artificio contable», un millón acabó en la compra de un fondo de arte que pertenecía al historiador Rafael Santos Torroella y que estaba valorado en 4,7 millones. Once concejales avalaron el desvío del dinero, entre ellos el político huido de la justicia española.
Suplicatorio
El juez instructor del caso del procés , Pablo Llarena, confirmó ayer la resolución en la que acordó pedir al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Carles Puigdemont y Toni Comín con el objetivo de continuar con su procedimiento de entrega para que sean juzgados en España por presunta sedición.
Llarena desestimó los recursos de reforma que ambos europarlamentarios interpusieron contra el auto en el que acordaba solicitar el suplicatorio a la Eurocámara, comunicar su procesamiento por sedición y mantener las órdenes nacionales y europeas de detención y entrega (si bien esta última se encuentra en suspenso hasta que se pronuncie el Parlamento de Bruselas).
El magistrado de la Sala Segunda (Penal) recordó a los procesados que el suplicatorio no busca perseguir o restringir los derechos políticos de los dirigentes independentistas.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont y Comín, denunció en su recurso que la petición del suplicatorio era un mecanismo para crear en el Parlamento Europeo la impresión de culpabilidad.
Pero el juez Llarena les recuerda ahora que es «un ámbito de protección externa de la presunción de inocencia (…)» y que la posición del Poder Judicial español es la de «entenderse plenamente competente» para elevar a la Presidencia de la Eurocámara dicha petición y poder así tramitar el trámite de entrega.