El juicio al proceso que desafió al Estado comienza mañana

El Tribunal Supremo juzgará a partir del martes a los 12 líderes independentistas catalanes procesados por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia grave en el sumario sobre el proceso secesionista de 2017, conocido como ‘procés’. Se trata de la causa de mayor impacto político y social que se ha instruido en la Sala Segunda (Penal) no solo en los 40 años de periodo democrático, aseguran convencidos jueces y fiscales del caso consultados, sino probablemente desde el nacimiento mismo del alto tribunal hace más de dos siglos.

El juicio llega, además, en un momento relevante para la estabilidad de la legislatura, con la incógnita de la aprobación de los presupuestos proyectando sobre el Supremo y la oposición exigiendo en la calle al Gobierno la convocatoria de elecciones.

Los acusados, nueve de los cuales están en prisión preventiva por riesgo de fuga, se enfrentan a penas conjuntas que suman 177 años de prisión y 204 años de inhabilitación absoluta. En su condición de presunto cabecilla, el actual presidente de Esquerra Republicana (ERC) Oriol Junqueras tiene el horizonte más complicado con una petición de cárcel de hasta 25 años como promotor de la rebelión.

En segunda fila, con una petición de 17 años, están la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, también de ERC, y los dos líderes sociales del independentismo: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; mientras que la Fiscalía reclama al resto de los encausados entre 7 y 16 años de prisión, respectivamente.

Plan secesionista

En su defensa del interés general, el Ministerio Fiscal sostendrá en el juicio que los encausados promovieron un plan secesionista desde las instituciones catalanas que puso en «grave peligro» el orden constitucional del Estado. Para ello incumplieron la legalidad estatutaria y las resoluciones administrativas y judiciales con el «objetivo último» de declarar la independencia de Cataluña y obligar al Estado a aceptar la separación de facto. Una finalidad rebelde que estuvieron «a punto de lograr» con sus actos delictivos.

Para defender la comisión de estos graves delitos, los fiscales tratarán de convencer al tribunal —formado por siete magistrados— de que el plan contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la «violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido».

Se valían para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por un lado, la «actuación tumultuaria» desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas por los acusados; y del otro, del uso de los Mossos d’Esquadra como cuerpo policial armado integrado por 17.000 agentes. Este es, en resumen, el relato acusatorio de la Fiscalía, que sí aprecia la presencia de violencia en la ejecución del ‘procés’ y, por lo tanto, de rebelión. En contraposición, el tribunal conocerá la versión más edulcorada de los hechos delictivos que presenta la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno y de los intereses estatales (en este caso a través del delito de malversación de caudales públicos: 1,9 millones de euros para promover el referéndum del 1 de octubre de 2017 anulado por el Tribunal Constitucional.