Partidos y jueces se ven incapaces de impedir la libertad de De Juana

Los principales partidos políticos mostraron ayer su indignación por la inminente liberación del sanguinario etarra Ignacio de Juana Chaos, condenado a casi 3.000 años de cárcel por 25 asesinatos, pero reconocieron, al igual que las asociaciones de jueces, su incapacidad para evitarlo. Unos y otros admitieron que la legislación actual permite que asesinos condenados a la máxima pena, 30 años, disfruten de los beneficios que se aplicaban en el código por el que fueron juzgados. Eso es lo que ha ocurrido con De Juana, que obtuvo una redención de 12 años y cumplirá sólo 18. El PSOE dijo compartir la «indignación y escándalo» que han manifestado diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo. El secretario general del grupo parlamentario, Diego López Garrido, calificó de «repugnante» que presos como el etarra De Juana Chaos gocen de un régimen de libertad sin haber mostrado arrepentimiento. Pero reconoció que no existe posibilidad legal de aplicar con carácter retroactivo la Ley para el Cumplimiento Integral y efectivo de las penas para delitos de terrorismo. «Si hubiera alguna posibilidad de evitar la salida, se aplicaría desde luego», explicó. El secretario general del Partido Popular vasco, Carmelo Barrio, advirtió de que De Juana Chaos forma parte del «nucleo duro» de la organización y supone un «peligro público» por lo que consideró «dramático» y «terrible» que se encuentre a punto de salir de la cárcel. La portavoz popular de Interior en el Congreso, Alicia Sánchez-Camacho, la «indignación, repulsa y repugnancia» que causa en su partido el hecho de que un etarra que ha cometido 25 asesinatos y tiene una condena de 3.000 años de cárcel «pueda favorecerse de los beneficios penitenciarios». Retroactividad Las distintas asociaciones judiciales mostraron también su indignación por la próxima liberación de De Juana, pero igualmente expresaron su incapacidad para articular alguna estrategia legal que impida su excarcelación. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Suárez Robledano, explicó que no hay ninguna solución para evitar la liberación. La única opción que lo impediría sería la aplicación retroactiva de la legislación actual, algo expresamente prohibido por la Constitución. Añadió que la reforma del Código Penal del 2003 se hizo precisamente para evitar que casos como este se vuelvan a repetir en el futuro. El portavoz de Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, admitió que De Juana ha cumplido su pena «de la forma en que decían las leyes entonces, que por cierto son leyes de la época de la Dictadura y que permitían la redención de penas por trabajo». «No encuentro una forma de que eso se cambie sin vulnerar la Constitución», indicó Desde la asociación Francisco de Vitoria su portavoz, Manuel Torres Vela, coincidió en que «aplicando la legislación penitenciaria y el Código Penal ha transcurrido el tiempo de cumplimiento de la condena y nuestra legislación prohíbe la aplicación retroactiva.