sábado 24/10/20

Podemos relanza su ofensiva contra el rey

La formación morada llevará al Congreso una batería de propuestas respecto al control de la Casa Real El partido que lidera Iglesias pretende eliminar el delito de injurias y calumnias a la Corona y eliminar la condición de rey emérito
Felipe VI y Pablo Iglesias, en el homenaje a las vícitmas de Covid-19 celebrado en julio. BALLESTEROS

En el acto de la apertura oficial de la XIV legislatura, en febrero de este año en el Congreso, los ya ministros de Unidas Podemos respondieron, en pie y con aplausos, al discurso pronunciado por el rey. Los diputados de base permanecieron sentados en sus escaños. La imagen sorprendió, porque, nunca lo han ocultado, en su ADN defienden la república como modelo de Estado. Por respeto institucional, se excusaron entonces. Alberto Garzón, el primero. Fue flor de un día.

Pablo Iglesias, desde el Consejo de Ministros y como líder de la formación morada, no ha cesado en su empeño de abrir el debate entre monarquía y república. Aprovecha cada intervención en medios de comunicación y emplea las redes sociales para ir abonando el terreno. La marcha de España del rey emérito, empujado por las noticias sobre sus dudosos negocios, ha hecho el resto. Ahora, el veto del Gobierno a que Felipe VI participara, como cada año desde que accedió al trono en 2014, en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, es aprovechado por Unidas Podemos para relanzar su ofensiva contra la Corona.

La falta de explicaciones por parte del Ejecutivo sobre qué le había llevado a impedir que el Rey presidiera el acto de este viernes —se supone que fue por seguridad, ante la inminente sentencia de inhabilitación de Quim Torra—, y el silencio habitual de Zarzuela en todo asunto polémico, comenzó a generar un caldo de cultivo que terminó con llamadas cruzadas, tuits de Iglesias y Garzón acusando al jefe del Estado de falta de imparcialidad y aclaraciones de Casa Real. En Unidas Podemos se frotan las manos. Felipe VI vuelve a estar en su punto de mira de forma inesperada.

La realidad es que Jaume Asens, ya de buena mañana del viernes, se había felicitado de la ausencia del rey en Barcelona. Dijo que «ojalá no vuelva a Cataluña. Cada vez que viene abre una nueva herida». Sus palabras no son las de un diputado de base, sino las del presidente del grupo parlamentario morado. Como ocurre con Iglesias y Garzón, líderes de Podemos y de Izquierda Unidas y vicepresidente y ministro del Gobierno. Estos dos últimos sacaron partido de la llamada de Felipe VI a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, en la que le trasladaba su pesar por no haber podido asistir a Barcelona, para arremeter contra él. Hasta el punto de que Zarzuela se vio obligada a aclarar que la llamada fue por mera cortesía. Pero la mecha ya estaba prendida. Twitter hizo el resto. En este nuevo curso político, además de la negociación de los Presupuestos, el debate sobre la monarquía será uno de los elementos protagonistas, impulsada por Unidas Podemos, que ha encontrado en este asunto voz propia y diferencial ante su socio de Gobierno, que ha cerrado filas con Felipe VI.

En la formación morada opinan que en esta década habrá referéndum sobre monarquía o república, «casi imposible» en esta legislatura, asumen. Sin embargo, Unidas Podemos propone llevar al Congreso este otoño una batería de propuestas respecto al control de la Corona para someterla «al principio de transparencia, neutralidad y democracia».

Ya han solicitado, y se ha echado atrás, la presencia de Felipe VI para aclarar la salida de don Juan Carlos de España. Según lo dispuesto en el artículo 56.3 de la Constitución, el rey no está sujeto a responsabilidades ya que su persona «es inviolable». Un aspecto legal que Unidas Podemos y otros partidos con representación en el Congreso como ERC o Bildu buscan limitar.

«Hay que desarrollarlo de forma clara y precisa para que no haya ninguna brecha que pueda ser utilizada para apelar a la irresponsabilidad», dijeron en su día fuentes parlamentarias de Unidas Podemos.

También propondrán eliminar el delito de injurias y calumnias a la Corona en la línea de lo que apunta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como la retirada de la condición de rey emérito a Juan Carlos I.

Sin embargo, en Unidas Podemos son conscientes de que la actual aritmética parlamentaria limitará su estrategia. «No somos ingenuos», ha señalado Pablo Iglesias en varias ocasiones al respecto. Tampoco cuentan con el apoyo de su socio de coalición, el PSOE, cuyos miembros, empezado por el presidente del Gobierno y sus ministros, han cerrado filas durante todo el verano en torno a la figura de Felipe VI.

UNA COMPLICACIÓN MÁS

La ofensiva republicana supone en la práctica echar más gasolina al fuego de un curso político que ya había comenzado más caliente de lo habitual. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, exigió ayer a Sánchez en un acto de su partido en Aragón la destitución «inmediata» de Garzón y anunció que su partido pedirá la reprobación en el Congreso de Iglesias. Los populares han visto una nuevo filón que abrir en la vía de agua existente en los socios de Gobierno justo en un momento crucial de la legislatura en el que todas las acciones gubernamentales están focalizadas en pactar los Presupuestos de 2021.

Los de Casado consideran que las críticas de los miembros del Ejecutivo hacia el jefe de Estado supone una «terrible erosión de las instituciones democráticas por parte del Gobierno de Sánchez». Palabras que la portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, tildó de «delirantes» minutos después.

Pese a los mensajes de lealtad hacia la Corona que se empeña en lanzar el PSOE para rebajar la tensión, los planes de Podemos de desestabilizar la monarquía también han tenido su eco más allá de las paredes del Congreso. Los empresarios, representados por la Ceoe y Cepyme, consideran que un debate sobre el modelo de Estado, en plena recesión provocada por Covid-19, mermaría «la seguridad jurídica», básica en su opinión «para el buen funcionamiento de la economía». En un inusual comunicado mostraron su «rechazo más absoluto a que desde algunas instancias de nuestro país, con declaraciones contra el jefe del Estado, se busque dividir y confrontar a la sociedad española».

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