La policía cree que la trama Mediador dio un pelotazo con la ayuda a África

La trama del Tito Berni extendió sus tentáculos por las adjudicaciones del Gobierno central al mismo tiempo que corrompía a diversos altos cargos socialistas del Ejecutivo canario. Esta bicefalia presuntamente delictiva se pone de manifiesto en las últimas investigaciones de la Unidad de Asuntos Internos (AAII) de la Guardia Civil remitidas este 2023 al Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, que ha dado luz verde en los últimos días a numerosas diligencias para seguir tirando del hilo de este sumario que incluye ya once piezas separadas cuyo contenido es, por ahora, desconocido.

La AAII reclamó el pasado 8 de febrero a la jueza del ‘caso Mediador’, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, autorización para «requerir» a la a Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) toda la información en su poder sobre cuatro contratos cerrados en marzo de 2020 y en julio y junio de 2021 para el suministro de diverso material de la Cooperación Española para el Sahel.

Los investigadores, que en su oficio destacan la «complejidad» de «la presente investigación», aseguran a la magistrada que ven indicios de «posible materia delictiva en el ámbito de la contratación pública» en estas cuatro adjudicaciones, que alcanzan un valor conjunto de 2.352.278 euros. La petición de información va dirigida directamente a Ana Terrón, exdiputada europea socialista y exsecretaria de Estado de Inmigración que en la actualidad es la directora de la FIIAPP, una entidad pública española que forma parte de la Cooperación Española y en cuyo patronato figuran, entre otros, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y la de Justicia, Pilar Llop. Las sospechas de los investigadores —explican fuentes del caso— es que en estos contratos mediara Francisco Espinosa Navas, el general de la trama corrupta que hasta enero de 2021 fue mando de los GAR-SI —Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención en el Sahel— activos en Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde, países de destino de los fondos bajo sospecha. En esos contratos figura como beneficiaria, entre otras, la sociedad mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones S. L. Aunque al frente aparece su hija, el propietario es, de facto, el empresario José Santiago Suárez Estévez, detenido en el marco de esta investigación. ‘Caso Mascarillas’ De manera paralela a las pesquisas sobre las ramificaciones nacionales de la red que está realizando Asuntos Internos, la Guardia Civil ahonda en la tela de araña que la trama de Tito Berni tejió en Canarias. Por el momento, el instituto armado tiene en el punto de mira a varios altos cargos bajo mandato socialista en el Ejecutivo del archipiélago, aunque dos nombres destacan entre el resto. El primero es el del exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo, quien dimitió el año pasado tras su imputación en el ‘caso Mascarillas’ por la compra de material sanitario durante la pandemia por parte del Gobierno autonómico que nunca llegó a entregarse.

Los audios del sumario revelan numerosos contactos de Domínguez con Antonio Navarro Tacoronte, el mediador de la red ahora destapada, para evitar que se retirase una subvención a la quesería Montesdeoca, también investigada en el sumario. El segundo alto cargo en el radar de los investigadores es el director general de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, José Domingo Fernández Herrera.

La trama mantuvo, según el sumario, al menos un encuentro con este alto cargo canario para intentar contar con la complicidad de su departamento para el proyecto con el que el empresario Antonio Bautista Prado pretendía instalar placas fotovoltaicas en instalaciones ganaderas.