miércoles 21/10/20

Primer juicio del caso Madeja: nueve acusados por sobornos a cambio de obra pública

Imagen de la juez Mercedes Alaya. MIGUEL ÁNGEL MOLINA

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes una pieza separada del caso Madeja, relativo al pago de comisiones ilegales a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos públicos, investigación de la que se inhibió en 2015 la que fuera juez de los Erte en Andalucía Mercedes Alaya.

En esta pieza, la primera que se juzga del caso Madeja o Fitonovo, son 9 los acusados por presuntos sobornos de esta empresa a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones en Canarias, Extremadura y Andalucía. Se enfrentan a penas de entre 3 y 5 años de cárcel por delitos de cohecho y prevaricación.

Entre los acusados figura el apoderado de Fitonovo en Canarias Adolfo José De la Torre García, el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín, el funcionario del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez, y los comerciales de dos empresas relacionadas con Fitonovo, Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez, para quienes la Fiscalía pide 4 años de cárcel por un delito continuado de cohecho, excepto para el último, al que pide 3 años. También se sienta en el banquillo el que fuera jefe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura José María Pizarro Gómez, quien se enfrenta a la mayor petición de pena: 5 años de cárcel por cohecho y 8 años de inhabilitación por prevaricación.

Los otros tres acusados son el que fuera secretario general de la Agencia Andaluza del Agua Carlos Francisco Irigoyen, el funcionario de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía José Francisco Cazorla y el directivo de Fitonovo José María López Torrego, quienes se enfrentan a 4 años de prisión.

La Fiscalía sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que Fitonovo creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, «habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos».

Dádivas

En el caso que ahora se juzga, la Fiscalía acusa a De la Torre de haber pagado al por entonces consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín (Coalición Canaria) determinadas dádivas, denominado internamente en la empresa como «impuesto revolucionario», por su condición de autoridad responsable del departamento donde se producía la adjudicación y dirección de la implementación de contratos que tenía adjudicados Fitonovo.

La facturación de la empresa con el Cabildo ascendió entre los años 2004 y 2006 a cerca de 693.000 euros. De la Torre, dice la Fiscalía, también intervino «en el pago de las comisiones al ingeniero del Cabildo de Las Palmas José Ulises Pérez», quien facilitó la adjudicación de contratos a Fitonovo entre 2003 y 2006 por 150.000 euros.

En el caso de Extremadura, Fitonovo facturó de la Junta entre 2004 y 2012 cerca de un millón de euros en diferentes contratos y que fueron adjudicados «de forma fraudulenta a dicha sociedad en connivencia» con el acusado José María Pizarro.

En Andalucía, expone la Fiscalía, el secretario general de la Agencia Andaluza del Agua recibió al menos 20.000 euros de Fitonovo por facilitar adjudicaciones, según consta en la documentación de la caja B de la empresa. Además, otro funcionario de la Junta, José Francisco Cazorla, certificó de forma irregular obras de Fitonovo «careciendo de título habilitante en vigor», por lo que este recibió a cambio comisiones por un total de 44.362 euros.

Primer juicio del caso Madeja: nueve acusados por sobornos a cambio de obra pública