sábado 21/5/22

El PSOE no solo pretende que Dolores Delgado se convierta en fiscal de Sala del Supremo cuando abandone la Fiscalía General del Estado, saltándose así el escalafón de un plumazo.

La vasta enmienda sobre la reforma del Estatuto Orgánico de la Fiscalía que el Grupo Socialista ha escondido dentro del proyecto de ley de su propio Gobierno para modificar la Ley Concursal, que nada tiene que ver con el Ministerio Público, también pretende cambios en la relación entre el Ejecutivo y la acusación pública. Esa polémica enmienda número 603 a la Ley Concursal, que el Parlamento estaba tramitando de forma casi burocrática para trasponer una directiva europea de reestructuraciones de deuda y prevención de insolvencias, contempla la modificación del artículo 9.2 del Estatuto Fiscal para que el máximo responsable del Ministerio Público tenga la potestad de informar por escrito y «por iniciativa propia» al Ejecutivo de las cuestiones de especial trascendencia en las que intervenga «y que por su naturaleza y relevancia» el Gobierno «deba conocer». También la persona que ocupe el puesto de fiscal general del Estado podrá informar ‘motu proprio’ al Ejecutivo de cuestiones relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia. En ningún momento de la enmienda del PSOE se especifican o se tasan las investigaciones o cuestiones de las que la Fiscalía General podrá desvelar detalles al Ejecutivo. En todo momento, la persona que dirija el Ministerio Público será la que decida qué revela al Gobierno sobre sus pesquisas o casos. Hasta ahora, era el Gobierno exclusivamente del que podía partir la iniciativa de reclamar información a la Fiscalía General del Estado, que debía informar al Ejecutivo (no de forma escrita obligatoriamente como se pretende ahora), siempre que no hubiera un obstáculo legal para ello.

El PSOE quiere que la Fiscalía informe al Gobierno por «propia iniciativa»