Rusia prometió 10.000 militares a Puigdemont si declaraba la secesión

La Guardia Civil, bajo la tutela del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, llevó ayer a cabo una macrooperación que buscaba desmontar la financiación del ‘procés’ y descabezar Tsunami Democràtic, la misteriosa plataforma independentista que lideró las protestas tras la sentencia que condenó a los líderes separatistas.

La operación se saldó con 21 detenciones y una treintena de registros. Entre los arrestados, tres dirigentes que han estado siempre entre bambalinas, pero que se les considera los cerebros del desafío secesionista de hace tres años, que culminó con el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia. Es el caso de David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler. Todos ellos trabajan en la empresa privada y han estado durante años en lo que se conoce como la cocina independentista.

Vendrell, antiguo miembro de Terra Lliure, fue consejero de ERC del Gobierno de Pascual Maragall, Madí fue mano derecha de Mas durante años y dirigió tres campañas de CiU, y el empresario editorial Oriol Soler, investigado en su día por la financiación del 1-O dirigió la campaña de Junts pel Sí (la coalición que formaron CDC y ERC). Todos ellos son muy cercanos a Puigdemont y están acusados de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. También fue detenido Josep Lluis Alay, director de la oficina de expresidente de Puigdemont.

La Guardia Civil denominó el operativo Volhov, y es que también buscaron pruebas de la supuesta injerencia rusa durante el ‘procés’. Soler ya denunció en su día que el CNI le seguía tras haberse reunido con Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres para poner en marcha una presunta estrategia geopolítica de desestabilización con la participación de Edward Snowden y Rusia Today. El Instituto Armado, según desvelaron las órdenes de los registros de este martes, sostiene que algunos de los empresarios y expolíticos arrestados están detrás de un supuesto plan según el cual Rusia llegó a prometer 10.000 militares a Carles Puigdemont y pagar toda la deuda de la comunidad catalana si declaraba la independencia en 2017 a fin de crear una suerte de una nueva Suiza.

Ese grupo de allegados de Puigdemont investigados por sus conexiones con el gobierno de Putin también estarían al mando de la ‘caja’ de Tsunami, una misma hucha que estarían financiando con dinero presuntamente procedente de corrupción política la estancia en Bélgica del propio Puigdemont.

Según explica en sus autos el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que reproduce los atestados de la Guardia Civil, la promesa de ayuda militar fue seria, hasta el punto de que si Puigdemont hubiera terminado por «aceptarla, probablemente los acontecimientos habrían sido trágicos y habrían desencadenado un conflicto armado en el estado con un incierto número de víctimas mortales», señala textualmente el juez.

«SE CAGÓ EN LOS PANTALONES»

El magistrado revela que ese plan militar aparece en una conversación que mantuvo el ex dirigente de CDC Víctor Terradellas, investigado desde hace meses en esta causa y del que ya se sabía de sus supuestos contactos con el Gobierno de Putin, con el propio Vendrell. Según los documentos judiciales, el ‘desembarco’ de los soldados rusos no llegó a producirse porque Puigdemont «se cagó en los pantalones», según la transcipción que la Guardia Civil hace de las palabras de Terradellas.

Pero los arrestados no sólo están investigados por allegar fondos a la causa independentistas, sino también por participar en amaños y beneficiarse de contratos del Govern que hasta hace unas semanas lideraba Quim Torra. Hay indicios de una presunta modificación de un plan urbanístico en una finca de Vendrell en Cabrera de Mar (Barcelona) para desviar fondos para financiar la estancia de Puigdemont en Waterloo.

El independentismo salió en tromba contra lo que calificó como una «nueva» acción «represiva» del Estado. El Govern, los partidos independentistas y las plataformas soberanistas se manifestaron en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Pere Aragonès, Meritxell Budó y Quim Torra encabezaron la protesta, en la que los dirigentes de JxCat cargaron contra la mesa de diálogo del Gobierno. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, fue abucheada.