sábado. 02.07.2022

Sánchez acepta otra bajada del IVA de la luz como cortafuegos al revés andaluz

UP muestra nulo entusiasmo ante la reducción del 10 al 5%, reclamada por el PP, e insta al Gobierno a ser más «valiente»
                      Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta Nadia Calviño. EMILIO NARANJO
Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta Nadia Calviño. EMILIO NARANJO

Lo rechazó hace tres meses con cierta displicencia. Incluso hace dos semanas, cuando el PP volvió a la carga con el asunto. «No nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo», argumentó el pasado día 7 en el Senado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. Pedro Sánchez anunció este miércoles, sin embargo y durante la primera sesión de control en el Congreso tras la derrota del PSOE en las elecciones andaluzas, que habrá una segunda reducción del IVA de la luz, esta vez del 10% al 5%, en la prórroga del plan anticrisis que el Ejecutivo aprobará este sábado en un Consejo de Ministro extraordinario. «La fiscalidad —esgrimió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una conversación informal con periodistas— no es un sacramento».

Esta iniciativa del ala socialista del Gobierno no despierta precisamente entusiasmo entre sus aliados. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, evitó criticarla de manera abierta después de que el presidente la lanzara en el pleno para responder a un Gabriel Rufian (ERC) que ya había alertado sobre el riesgo de que la inflación se los lleve a todos por delante. Pero sí advirtió de que es «muy insuficiente» tanto para proteger a las familias como para que el Gobierno recupere la iniciativa política. E incidió en que hay que tomar medidas mucho más «valientes».

El socio minoritario de la coalición insiste en la inclusión en el real decreto ley de un cheque de 300 euros para las familias con ingresos anuales inferiores a los 70.000 euros —medida que no consiguió incluir en el plan aprobado en marzo—, un abono transporte a 10 euros y más impuestos para las grandes eléctricas. Los morados también llevan tiempo dando la batalla para que la reducción de 20 céntimos de euro por litro de carburante repostado deje de ser para todos los ciudadanos con independencia de su renta.

Sobre el cheque y el bono transporte hay margen para la negociación en un Consejo de Ministros que se da por hecho que ensanchará con más gestos el nuevo programa anticrisis. Sobre la acotación de las ayudas a los ciudadanos con menos recursos, aparentemente, no. Es una cuestión de filosofía. «Es importante que haya medidas dirigidas a los más vulnerables, pero también a la clase media», zanjan los socialistas.

Bajo ese prisma, y bajo el del 19-J, se entiende también la rectificación en el IVA de la luz. La ministra de Hacienda argumentó este miércoles que ahora es posible acometer esa bajada porque lo permite la directiva europea aprobada el pasado 5 de abril, seis días después del primer plan anticrisis. En realidad, la normativa ya permitía antes aplicar a la electricidad un IVA reducido, «previa consulta» a la UE. El Gobierno, sin embargo, echaba hasta hace poco en cara al PP que siempre se le ocurrieran medidas que suponían el desmantelamiento del Estado del bienestar; y esgrimía, además, que la Comisión no las veía con buenos ojos.

La apelación al Ejecutivo comunitario era cierta.

El 25 de abril, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, remitió una carta a todos los ministros del ramo en la UE para advertirles de que, aunque lo tuvieran a su disposición, recurrir a una bajada del IVA para intentar neutralizar el incremento de los precios de la electricidad es algo que tiene «mal historial» y no resulta efectivo.

Gentiloni también abogó entonces por poner el foco en los beneficios extraordinarios de las eléctricas. En marzo, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, ya recomendó subir impuestos a esas empresas para poder financiar medidas contra la inflación. Pero este es un tema que el Gobierno no tiene aún resuelto.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, adujo en Santander que todo el Ejecutivo está «alineado» con el objetivo de asegurar «un reparto justo» del impacto de la guerra en Ucrania.

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