martes 18/5/21
Plan para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia

Sánchez carga la modernización de España al diésel y los impuestos verdes

El Gobierno prepara el terreno para subir el impuesto al diésel eliminando la bonificación

El Plan de Recuperación incluye una batería de medidas para recuperar ingresos a través de la ‘fiscalidad verde’

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Pedro Sánchez

El Plan de Recuperación que el Gobierno español remitirá antes del próximo 30 de abril a Bruselas incluye una batería de medidas fiscales cuyo objetivo es mejorar los ingresos tributarios por la ‘vía verde’.

El documento deja entrever que el Ejecutivo pretende retomar cuanto antes la polémica subida del impuesto al diésel, eliminando la bonificación fiscal de la que goza este carburante frente a la gasolina. El plan presentado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indica que «se revisarán las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante».

No es la primera vez que el Ejecutivo hace esta intentona para igualar el precio del diésel al de la gasolina vía impuestos. Incluso el pasado año llegó a incluir la medida en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Sin embargo, el rechazo del PNV, poniendo en riesgo el apoyo de la formación nacionalista para sacar adelante las cuentas públicas, provocó que la propuesta no se incluyera finalmente en el texto.

El requerimiento

Bruselas pide a España más precisión en los objetivos del plan y un calendario concreto

Ahora, y en pleno análisis de la reforma tributaria por parte del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo ha aprovechado el Plan de Recuperación que dará acceso a los fondos europeos para plantear de nuevo esta posibilidad. En el momento en el que la medida se incluyó en el proyecto de Presupuestos, se estimaba que el tipo estatal aplicado sobre este combustible pasaría de 30,7 a 34,5 céntimos por litro (frente a los 40,07 con los que se grava el litro de la gasolina).

El propio Ejecutivo estimó que la subida impactaría en unos 3,45 euros al mes para un conductor medio (los que realizan unos 15.000 kilómetros al año), defendiendo que no afectaría a los profesionales. Pero las asociaciones del sector montaron en cólera, al advertir de que serían los vehículos de menores cargas los que soportarían el recargo. Es decir, los autónomos, que conforman buena parte del sector en España.

Más ingresos

En sus anteriores intentos por ajustar la fiscalidad del diésel, el Gobierno ha defendido siempre que se trata de equiparar la norma a los objetivos climáticos y a los impuestos sobre los carburantes de otros países europeos. Pero la mejora de la base de ingresos también está detrás de la decisión que ahora empieza a tomar forma.

En el proyecto de Presupuestos se estimó que por este tributo, que finalmente no se puso en marcha, las arcas del Estado ingresarían unos 450 millones de euros este año. Una cifra que ayudaría a mejorar los ingresos del área calificada como fiscalidad medioambiental que, según las estimaciones de la AIReF, ha sido presupuestada con unos objetivos demasiado ambiciosos.

El Gobierno esperaba recaudar a través de los ‘impuestos verdes’ unos 1.545 millones de euros, según queda detallado en el Informe Económico y Financiero de los Presupuestos. Sin contar con el impuesto al diésel, esa sería la recaudación por las nuevas figuras tributarias que también se han incluido en el Plan de Recuperación: el impuesto al depósito de residuos en vertederos y a la incineración y el impuesto a los envases de plástico no reutilizables.

Según los cálculos de la AIReF, este último apenas recaudaría este año 98 millones mientras que el que se aplique a los residuos solo ascendería a 215 millones. 313 millones entre los dos. Con este telón de fondo, parece que eliminar la bonificación al diésel sería una de las opciones para mejorar los ingresos con la fiscalidad verde.

Bruselas pide a España más precisión en los objetivos y un calendario concreto. Y aunque el proyecto de España es uno de los más avanzados de la UE, tiene aún asuntos clave que para Bruselas requieren una mayor precisión.

«Hitos y calendario», se remarca. Lo más probable es que su evolución se supervise cada seis meses. La lupa seguirá sobre la presión fiscal, la reforma del mercado laboral y la sostenibilidad de las pensiones.

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