El TC dice que el Gobierno eludió el control al cerrar el Congreso
«El Congreso quedó privado primero, y se desapoderó después, de su potestad, ni suprimible ni renunciable, para fiscalizar y supervisar la actuación de las autoridades gubernativas» entre el 9 de noviembre de 2020 y 9 de mayo de 2021, los seis meses que duró el segundo estado de alarma nacional. Durante 113 páginas de sentencia, cuyo fallo ya se conoció el pasado 27 de octubre, el Constitucional certifica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez violentó la Carta Magna por usar un ardid para saltarse el control periódico de parlamentario de esta normativa de excepción durante meses y por la decisión de Moncloa de dejar en manos de las autonomías la aplicación de las herramientas de ese estado de alarma, una cesión de competencias que el Constitucional cree que tampoco tuvo ningún amparo legal.
Durante ese medio año sin dar explicaciones a nadie «quedó cancelado el régimen de control que, en garantía de los derechos de todos, corresponde al Congreso de los Diputados bajo el estado de alarma. «Un control parlamentario que está al servicio, también, de la formación de una opinión pública activa y vigilante y que no puede en modo alguno soslayarse durante un estado constitucional en crisis», resalta la sentencia conocida hoy y que cuenta con cuatro votos particulares. Y no solo eso. El TC entiende que la fórmula usada por el Ejecutivo central de ceder a las comunidades la decisión de implementar las medidas de restricciones de derechos que consideraran oportunas (lo que el Gobierno denominó como ‘cogobernanza’ lo que hizo en realidad fue terminar de arrinconar por completo al Congreso. Y ello porque «quienes fueron apoderados no estaban sujetos al control político del Congreso, sino, eventualmente, al de las asambleas legislativas respectivas».
Así, la corte de garantías apunta a que «la determinación temporal de aquella prórroga de seis meses se realizó de un modo por entero inconsistente con el sentido constitucional que es propio del acto de autorización y sin coherencia alguna, incluso, con las razones que el Gobierno hizo valer para instar la prórroga.