El testigo de cargo de Acuamed señala a Cañete

La trama corrupta de Acuamed apunta cada vez más alto. El testigo de cargo del caso, Francisco Manuel Valiente González, ex director de Ingeniería y Construcción del ente público que destapó el escándalo con su denuncia ante Anticorrupción, aseguró ante el juez que instruye el sumario, Eloy Velasco, que el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, intentó vencer sus reticencias en 2013 para que diera su visto bueno a un contrato hinchado a FCC asegurando que el amaño eran «órdenes directas» del entonces ministro de Agricultura y hoy comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

El contenido de esta declaración judicial, adelantado por el programa Las Mañanas de Cuatro y confirmado por fuentes judiciales, se refiere al contrato hinchado, por ahora, más importante de la trama, la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora, en Almería. El chanchullo nació a raíz de la inundación que dejó inservible aquella instalación que habían construido FCC y Abengoa. Según el contrato, ambas empresas, y sus seguros, debían encargarse de la reparación de la desaladora. Pero Arcadio Mateo, en prisión desde la semana pasada, «en contra de lo que decía el contrato y la legalidad», acordó con FCC que la empresa pública pagaría el 40% de los costes, mientras que el otro 60% lo pagaría la UTE que, a cambio, «recibiría compensaciones indebidas» de hasta 7,8 millones de euros.

Fuentes de la investigación matizan que, más allá de la denuncia de Valiente, por el momento no hay pruebas de que Arias Cañete interviniera en la operación para entregar a FCC obras valoradas en 9,5 millones de euros, que en realidad no superaban los 1,7 millones de euros.

Otros altos cargos

Sin embargo, en el sumario sí que hay ya pruebas documentales de que otros altos cargos de Agricultura estaban al tanto de los contratos hinchados y no solo el dimitido Federico Ramos de Armas, ex presidente de Acuamed cuando tuvieron lugar los hechos investigados y hasta la semana pasada subsecretario de Presidencia y persona de confianza de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Entre esos nuevos nombres está, Liana Ardiles López, directora general del Agua desde septiembre de 2012 y todavía en su cargo.

En la causa figura un mail fechado el 20 de junio de 2013, escrito por Ramos de Armas y cuyo destinatario es el encarcelado Arcadio Mateo y en el que está en copia Ardiles López. En ese documento, el dimitido subsecretario de Presidencia pedía a Mateo que agilizara en el próximo consejo de administración el pago pendiente de 9,5 millones por la desaladora de Almanzora, tal y como «pide la contratista» (FCC). «Así vamos avanzando con esta gente, a la que debemos bastante dinero por otras obras», escribía Ramos de Armas.

Liana Ardiles López era ya por entonces vicepresidenta de Acuamed y vocal de su consejo de administración, el mismo órgano que en abril de 2014 dio carpetazo a las denuncias de Valiente y aprobó su cese poco antes de que el testigo protegido acudiera a la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2014.