domingo. 26.06.2022
                      Boris Johnson sale de su domicilio oficial en el 10 de Downing Street, ayer. ANDY RAIN
Boris Johnson sale de su domicilio oficial en el 10 de Downing Street, ayer. ANDY RAIN

«No aceptaremos no tener derecho a controlar nuestras fronteras», afirmó en el Parlamento la ministra británica de Interior, Priti Patel, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos provocase en la noche del martes la cancelación del primer vuelo organizado por los gobiernos del Reino Unido y de Ruanda para trasladar a migrantes al país africano.

Patel puntualizó que el Gobierno persistirá con su plan, que considera acorde con la ley internacional, pero la decisión de la Corte de Estrasburgo le obliga a esperar hasta julio para reiniciar el programa de traslados. Un avión Boeing de la compañía española Privilege Style estaba dispuesto en un aeródromo militar del sudoeste de Inglaterra para despegar a las 22:30 horas con siete pasajeros cuando llegó la noticia desde Estrasburgo de que debía esperar una decisión sobre el recurso presentado por los representantes legales de uno de los pasajeros, identificado solo con las iniciales K.N.

Su abogado, el australiano Geoffrey Robertson, fundó el despacho Doughty Chambers, en el que destacó en casos de derechos humanos el actual líder del Partido Laborista, Keir Starmer. A la notoriedad del bufete se añade la de Amal Clooney, letrada y esposa del célebre actor. Robertson había perdido el caso de K.N, en primera instancia y también en apelación. A primera hora de la tarde del martes, fue el Tribunal Supremo británico el que se negó a aceptar el recurso.

Quedaba solo Estrasburgo. K.N. tiene 54 años. Se marchó de Irak en abril e iniciando su itinerario desde la frontera turca atravesó países europeos hasta llegar a la costa del Paso de Calais, donde han florecido en las últimas dos décadas grupos de hombres procedentes de Oriente Próximo (kurdos, sirios, iraníes,.) que exigen entre mil y cinco mil euros para el incierto transporte a la costa inglesa por las aguas del canal.

K.N. llegó a Inglaterra el 17 de mayo y pidió asilo inmediatamente, alegando que corre peligro en su país natal. El acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda, firmado en abril, tenía como objetivo la deportación de personas como él. Londres quiere enviar al país africano a los migrantes que, en lugar de solicitar el asilo en Gran Bretaña cuando entran en territorio europeo, se presentan en la costa inglesa pagando a los traficantes.

El 24 de mayo las autoridades de Londres le dieron una ‘notificación de intenciones’, presagiando que no admitirían su petición. Un médico dictaminó tres días después que K.N fue posiblemente torturado en su país. El 6 de junio se le notificó que no sería reconocido como refugiado y se le alistó entre los deportados a Ruanda. La decisión «provisional» del Tribunal de Estrasburgo lo ha evitado.

Aunque el magistrado que vio su caso en primera instancia lo rechazó —igual que el de apelación— por considerar válido el argumento del Gobierno sobre el interés público de la política de deportaciones, añadió en su sentencia que esa actuación debe ser analizada en su conjunto por otro tribunal. Se ha fijado la vista de esa ‘revisión judicial’ para el final de julio. La decisión de Estrasburgo de suspender la deportación de K.N se funda en que el Memorando de Entendimiento entre los gobiernos del Reino Unido y Ruanda no tiene fuerza legal. Si la revisión judicial en Londres de la política de deportaciones fallase contra el Gobierno, K.N. no tendría recursos legales para exigir su retorno.

El tribunal anota también que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados testificó que «solicitantes de asilo transferidos no tendrán acceso a procedimientos justos y eficientes para la determinación de su estatuto de refugiados».

Los abogados de los seis pasajeros que iban a acompañar a K.N. en el avión acudieron inmediatamente a los tribunales de Londres, que respetaron la decisión provisional de Estrasburgo. La BBC recoge sus testimonios. Permanecieron aislados en el aeródromo, cada uno con tres vigilantes en el interior de furgonetas. Fueron esposados. Uno de ellos, a un asiento. Un migrante se desmayó y fue llevado a la aeronave en una silla de ruedas.

La puesta en marcha de la política del Gobierno de Boris Johnson de deportar migrantes a Ruanda y financiar el procedimiento para que el país africano decida si les da asilo, alojamiento, alimento, y formación para integrarse en la sociedad ruandesa no podía esperar unas semanas a la completa revisión judicial. El resultado es gasto innecesario y una imagen de gobernación precipitada.

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