El Reino Unido anula todas las leyes restrictivas de la pandemia
El plan de apertura comienza el jueves con el fin de la obligación de cuarentena para los positivos por covid Londres
El premier británico, Boris Johnson. EFE
El Gobierno británico anulará esta semana la obligación legal de aislarse a quienes den positivos por covid, al mismo tiempo que reducirá drásticamente el número de test que se realizan. El primer ministro, Boris Johnson, ha impulsado estas medidas argumentando que el país debe comenzar a "vivir con la covid" y actuar de una manera diferente, pasando "de las restricciones del Gobierno a la responsabilidad personal".
Los personas que den positivo en las pruebas deben ahora mantener una cuarentena de diez días, que acortan si dan negativos consecutivos en el quinto y sexto día. El desmantelamiento de centros vecinales de test gratuitos quiere, a partir del 1 de abril, ahorrar la mayor parte de los 2.400 millones de libras que toda esta estructura gastó el pasado mes de enero.
El coste desde el inicio de la pandemia ronda los 18.000 millones Pero no hay variación en los requerimientos para entrar en el Reino Unido desde países extranjeros. Los vacunados tienen que llenar un formulario con los detalles del lugar en el que van a residir y a los no vacunados se les exige un test de antígenos negativo en las 48 horas anteriores a llegar a la frontera y otro, PCR, en los dos días iniciales de la estancia. Por el contrario, si dan positivo tienen que aislarse.
El anuncio de Johnson coincide con la recomendación por la agencia estatal sobre el uso de las vacunas de que se dé una cuarta dosis a los mayores de 75 años y a las personas vulnerables. Es una medida que contribuiría a paliar los efectos negativos del abandono de las cuarentenas obligatorias. Las vacunas se han mostrado eficaces para evitar las consecuencias graves de la infección. El 91.4% de la población británica ha recibido ya la primera dosis, el 85% la segunda y el 66.1% la tercera. En la última semana contabilizada el promedio diario de hospitalizaciones diarias es de 1.252 y el de fallecimientos de 145. Las dos cifras descienden en las últimas semanas y ahora se sitúan en niveles similares a los que se daban en octubre del pasado año, antes del brote de la variante ómicron.
Antivirales El 'premier' reconoció en el Parlamento que los asesores científicos no tienen seguridad sobre la evolución de la pandemia y creen que es muy probable la emergencia de nuevas variantes, en algunos casos con efectos más perniciosos que la ómicron. Afirmó que, en ese caso, medicamentos antivirales serán los útiles principales contra la enfermedad. La eliminación de los test gratuitos a partir de abril, cuando haya terminado el invierno, da un nuevo relieve al sondeo que realiza la Oficina Nacional de Estadísticas midiendo la prevalencia del coronavirus. Esa encuesta proveería los datos que alertarían de la emergencia de brotes. Los laboratorios del Servicio Nacional de Salud analizarían las características del virus causante.
El plan del Gobierno británico implica que todas las leyes restrictivas creadas durante la pandemia quedarán anuladas porque, según Johnson, no son necesarias para "forzar a la gente a que tenga consideración con los demás". Las autonomías de Escocia y Gales se han quejado por la unilateralidad de la decisión, aunque los Gobiernos de ambas naciones han tenido su propia política en la pandemia.
La asociación de los sindicatos, TUC, ha acusado al Ejecutivo de Londres de dejar a los empleados en una tesitura compleja. Se eliminarán los subsidios a quienes no pueden acudir al trabajo por estar en cuarentena, mientras aquellos con síntomas tendrán que decidir si corren el riesgo de transmitir el virus a sus colegas. Pero el Gabinete británico afirma que hay que vivir con la covid como se viene haciendo con la gripe cada año.
Este ambicioso plan es la obra del Gobierno de Johnson y, por tanto, llegó con desorden. La reunión del Ejecutivo para aprobarlo tuvo que ser aplazada porque los ministros de Sanidad, Sajid Javid, y de Hacienda, Rishi Sunak, mantenían desde el viernes una disputa sobre los fondos para hacer test a personal sanitario y de asistencia social, que no se había resuelto antes de la reunión.