El Salvador entra en estado de excepción ante una repentina ola de asesinatos

Con la actualidad internacional prácticamente fagocitada por el conflicto en Ucrania, la explosiva situación que vive El Salvador apenas ha encontrado hueco en los medios de comunicación extranjeros. Pero en las calles de este país centroamericano, de poco más de 6,4 millones de habitantes, se libra desde hace días otra guerra con registros inquietantes. En solo un fin de semana han sido asesinadas 87 personas; 62 en un día.

Allí se está reescribiendo una nueva contienda contra las ‘maras’ o pandilleros. Y con jornadas letales que no se conocían desde 2015, cuando el país se situaba entre los más violentos del mundo con una media de 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esta nueva ola de crímenes ha llevado al gobierno de Nayib Bukele a decretar un estado de excepción que entró en vigor la madrugada del pasado domingo; que se prolongará durante al menos un mes; y que suspende garantías constitucionales como los derechos de asociación, reunión o defensa. «1.400 pandilleros capturados en solo tres días. Y no, no saldrán libres. Seguimos...». Así destacaba el presidente salvadoreño los primeros efectos de esa excepcionalidad constitucional en un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Prolífico en este canal, el mandatario de 40 años, en el poder desde 2019, no ha escatimado en reproches a quienes le acusan de haber emprendido una «persecución dictatorial y autoritaria» —les pide, literalmente, que saquen del país a los 70.000 pandilleros que aún están en las calles—.

Ni tampoco se arredra en sus amenazas a las ‘maras’. «Tenemos 16.000 ‘homeboys’ (pandilleros) en nuestro poder. Les decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol. Paren de matar ya o ellos la van a pagar también», aseguraba recientemente. Bukele está viendo como naufraga su llamado Plan Control Territorial. Una hoja de ruta para erradicar los delitos en el país, que presentó con 575,2 millones de dólares nada más alcanzar la presidencia y que iba a poner fin a la sangrienta actividad de los pandilleros mediante el control de los centros penales; cortando la financiación al crimen organizado; y con una importante inversión para fortalecer los cuerpos de seguridad. Desde el primer momento organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos de El Salvador alertaron de un riesgo de militarización. Reparos que el Gobierno combatía con datos de una supuesta eficacia que ahora se ha torcido. Y de la noche a la mañana. Porque Bukele destacaba hace nada que El Salvador había vivido el febrero más seguro en la historia del país desde 1996.