El abono de las anualidades es competencia de la Gerencia Territorial de Justicia en Valladolid
Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que la competencia en materia económica para el pago de ese tipo de recibos corresponde a la Gerencia Territorial de la Administración de Justicia en Castilla y León, al no estar transferidas las atribuciones en materia de administración de Justicia a la Junta de Castilla y León.
Las Gerencias Territoriales de Justicia son órganos administrativos de ámbito territorial desconcentrados del Ministerio de Justicia (su ámbito coincide con el de los Tribunales Superiores de Justicia o el de sus salas desplazadas), que desarrollan sus funciones en la Comunidad Autónoma correspondiente y en el marco de las competencias que sobre la Administración de Justicia corresponden al Ministerio de Justicia. Se da la circunstancia de que León cuenta con una oficina delegada de la Gerencia Territorial. Hay seis gerencias territoriales en las Comunidades Autónomas donde no se han traspasado los citados medios. También hay una gerencia de órganos centrales. Son para los órganos judiciales, fiscales y de apoyo a la Administración de Justicia con competencias en todo el territorio nacional, y tienen sede en Madrid.
CONDUCIR SIN SEGURO
La primera consecuencia de circular sin seguro puede ser una multa: para un turismo, 800 euros si está estacionado y 1.500 euros si circula. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales, que tienen acceso en tiempo real a los ficheros de vehículos, tienen acceso a controlar estas incidencias. Cuando realizan controles de drogas, alcohol o velocidad en carretera o ante cualquier otra incidencia, revisan la documentación del vehículo y del conductor y verifican que el vehículo está asegurado.
En el caso de que el conductor de un vehículo sin asegurar sea responsable de un accidente, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) se hace cargo de los daños materiales y personales causados a terceros.
Posteriormente, el CSS puede reclamar la indemnización tanto al conductor del vehículo como a su propietario. Además, se multa al conductor con hasta 3.000 euros (según el tipo de vehículo), además de otras posibles sanciones por no haber pasado la ITV, el pago de la grúa, el depósito municipal…). Además, el vehículo puede ser inmovilizado, según la legislación.
Desde la Audiencia Provincial se aseguró que en las próximas horas se solucionarán todos los problemas que ha generado esta cuestión, para recuperar la normalidad.