viernes 20/5/22

La ampliación del Parque Tecnológico se fía para 2024 mientras se pierden nuevas firmas

El Ayuntamiento y la Junta admiten trabajo coordinado pero todavía no tienen ni el convenio que reglará el plan
Vista de los terrenos en los que se ubica el Parque Tecnológico de León. MARCIANO PÉREZ
Vista de los terrenos en los que se ubica el Parque Tecnológico de León. MARCIANO PÉREZ

La última fue Virixene, que terminó por planificar su proyecto empresarial en Villadangos. Pero ha habido más. Quedan apenas una cinco parcelas, todas pequeñas, y quien llama a la puerta no encuentra oferta que se adecue a proyectos de gran envergadura. El Parque Tecnológico se ha quedado pequeño, como se advierte desde antes de que en 2017 se aprobara una Proposición No de Ley impulsada por la UPL y apoyada por todos los demás grupos políticos y ahora la necesidad de impulsar los cambios urbanísticos, de guardar los plazos administrativos y de aunar las voluntades políticos, que todavía aguardan un convenio en el que comprometer la aportación de Ayuntamiento de León y Junta por escrito de manera oficial, hacen que se llegue tarde. No habrá expansión antes de 2024, dentro de los pronósticos más optimistas que reconocen las partes. Hasta entonces, el fortalecimiento del polo biotecnológico y de las telecomunicaciones que se pregona como pilar del desarrollo empresarial queda por el momento constreñido por el terreno.

El compromiso del Ayuntamiento de León se centra en tramitar con la mayor celeridad todos los instrumentos de planeamiento urbanístico. Pero apenas comenzado, se han encontrado con un primer escollo. En los terrenos al norte de la carretera y Alfageme, en los que se ubican las parcelas se consideran atractivas dentro del los 450.000 metros cuadrados sobre los que se pone el foco de inicio, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) determina que la reserva de usos del sistema general, como espacios verdes o aparcamientos, no puede cambiarse de consideración de golpe para poder albergar industrias. La obligación de permutar esta parcela por otra dentro del mapa urbano, sin que se pierdan los metros cuadrados fijados en el documento, entretienen ahora las labores de los técnicos.

Los profesionales del Ayuntamiento, en contacto con el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, sondean la posibilidad de poder realizarlo con una herramienta más ágil de lo que supondría una modificación del PGOU, cuyos plazos superarían el año. La celeridad se marca como uno de los principales objetivos para el desarrollo del proyecto y podría recibir un impulso si la Junta declara el proyecto de interés regional, como sucedió con Villadangos, lo que supone dejar en la mitad los periodos de tramitación de licencias, permisos administrativos y expropiaciones.

Colaboración
Las dos administraciones avisan de que la tramitación urbanística necesaria aún está verde

Fuga a otros terrenos
Pese a que queda suelo, las parcelas no dan para grandes firmas que ya han desechado la localización

Pero ni siquiera hay un acuerdo total para resolver cómo se afrontarán estas expropiaciones. En la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en las Cortes autonómicas en 2017, así como en el acuerdo del pleno municipal ratificado hace apenas un año, se dio por sentado que sería la Junta la que correría con la factura de la obtención de los terrenos. La administración autonómica no se cierra, según trasladan fuentes oficiales de la consejería de Economía y Hacienda, pero insisten en que tendrá que fijarse en un convenio de colaboración posterior a la planificación. «No habrá ningún problema porque el retorno será mayor por la pura actividad económica», trasladan, aunque dejan abierta la puerta a que pueda afrontarse la financiación de manera compartida, en contra de lo que ha pasado en otras ampliaciones de parques tecnológicos como la última del vallisoletano de Boecillo. Donde no hay duda es en la asunción de la responsabilidad por parte de la administración autonómica del pago de la urbanización. En todo caso, todo tendrá que quedar reflejado en el documento oficial que las dos instituciones prevén firmar para regular sus obligaciones.

En el convenio tendrá que venir marcada también la herramienta urbanística con la que se quiere promover la ejecución. Las labores de tramitación corresponden al Ayuntamiento, pero con la colaboración de la Junta. Los técnicos inciden en que hay colaboración, aunque admiten que está verde. Ahora les toca a los políticos el impulso.

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