Tribunales
Anboto tendrá que pagar 9.225 euros a la Junta por el atentado de León
Corresponden a los gastos ocasionados por la atención médica que se prestó a los heridos
Maria Soledad Iparraguirre, conocida en la banda terrorista ETA como Anboto, deberá abonar 9.225 euros a la Junta de Castilla y León en concepto de indemnización por la atención médica que sufrieron las víctimas del atentado que el 22 de diciembre de 1995 acabó en León con la vida del comandante Luciano Cortizo, a causa de la expolisoón de la bomba lapa que su vehículo llevaba adherida a los bajos de su asiento. Anboto fue condenada a 122 años de prisión como autora intelectual del ataque, que ejecutó Sergio Polo.
La sentencia de la Audiencia Nacional decretó ya desde su Sección Primera una indemnización para la mujer del fallecido de 300.000 euros y de 160.000 euros para cada uno de los hijos por el fallecimiento del comandante. Además, la hija que resultó herida deberá ser indemnizada con 92.100 euros por las lesiones causadas y con otros 250.000 por las secuelas.
Ahora, la sentencia de 3 de febrero de 2021 del Tribunal Supremo, que ratifica la previa de la Audiencia Nacional de 22 de julio de 2020, condena a la etarra, ya que fue la que ordenó que se cometiera dicho atentado, como responsable de un delito consumado de asesinato terrorista contra miembro de las Fuerzas Armadas, cuatro delitos frustrados de asesinato terrorista, y tenencia de explosivos.
Con la apertura de la causa en la Audiencia Nacional, los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León se personaron en el proceso como acusación particular, adhiriéndose a las peticiones de penas solicitadas por el Ministerio Fiscal.
Soledad Iparraguirre. CHEMA MOYA
Daños y perjuicios
También reclamaron el abono como indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración autonómica de los gastos ocasionados a la sanidad pública por las atenciones médicas y hospitalarias de todos los heridos.
La Junta precisa que más que por la importancia de los daños sufridos a los que ha sido condenada la etarra, y que ascienden a 9.225 euros, su personación en la causa responde al apoyo que ello supone específicamente hacia los familiares de las víctimas, y de forma general, hacia el colectivo de las víctimas de atentado terrorista.
En este sentido, la Junta de Castilla y León destaca que, a través de la Consejería de la Presidencia como responsable de la coordinación de la atención a las víctimas del terrorismo, trabaja por consolidar la acción pública en pro del bienestar de las víctimas en la Comunidad.
Especial perversidad
Los jueces destacaron en su sentencia la «especial perversidad y falta absoluta de respeto por la vida e integridad de las personas de la acción y de la afectación psíquica e intenso sufrimiento causado a las víctimas».
En su relato de hechos probados, la Sala relata cómo Iparraguirre, tras haber formado parte de diversos comandos, en el año 1993 pasó a desempeñar labores de responsabilidad dentro del aparato militar de la banda en Francia y en julio de 1994 pasó a ser responsable de los ‘comandos legales’, tarea que desempeñó hasta el año 1998, explican los magistrados en su sentencia última.
A partir de 1994, era ‘Anboto’ la que transmitía a los comandos las órdenes concretas de ETA respecto de los objetivos contra los que había que atentar, daba instrucciones sobre la forma en la que debían perpetrarse las acciones, les facilitaba el material necesario -explosivos y armas- y les daba las instrucciones de fabricación y de su utilización, además de suministrarles los fondos necesarios para su actividad.