Ayuntamientos y Diputación cierran 2019 con 3,7 M€ de facturas sin pagar

Ocho ayuntamientos de León cerraron 2019 con 3,1 millones de euros en facturas pendientes de pago que no fueron incorporadas a sus presupuestos. La Diputación Provincial suma otros 560.621 euros, según los datos publicados hace escasos días por el Ministerio de Hacienda. De la estadística se deduce que la inmensa mayoría de los municipios con más de 5.000 habitantes cumplen con sus proveedores —los pequeños no están obligados a presentar esta cuenta— y la cifra millonaria tiene explicación en la deuda de 2.588.385 euros en San Andrés del Rabanedo.

En comparación, el resto de cantidades son relativamente menores, si bien destacan con mucho los 337.221 euros adeudados por Villaquilambre y los 170.526 de Astorga. El resto de ayuntamientos son todos del Bierzo y sus deudas oscilan entre los 1.293 euros de Torre y los 21.344 de Vega de Espinareda.

Las denominadas facturas en el cajón es lo que Hacienda denomina Cuenta 413, un mecanismo que se puso en marcha en 2012 y que afecta a aquellas entidades públicas que no están sujetas a una auditoría de cuentas. Obviamente, las cifras que se manejan a nivel local son mínimas si se compara con las facturas guardadas en ayuntameintos como Parla (193,1 millones) o Torremolinos (66,9), ambas en el top de los que menos cumplen con sus proveedores. En concreto, esa posiblidad que tienen las administraciones se denomina técnicamente ‘Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto’ y recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto como debería.

Son obligaciones respecto de las que, sin haberse dictado aún el correspondiente acto formal de reconocimiento y liquidación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por los ayuntamientos y la Diputación.

Se trata principalmente de deudas derivadas de gastos económicos no financieros —ya estén terminados o en ejecución—, así como las deudas contraídas por la adquisición o construcción de activos que no nazcan aplazadas, es decir, que no se formalicen mediante contratos de arrendamiento financiero ni con pago aplazado. En definitiva, recoge deudas derivadas de operaciones devengadas no registradas en otras cuentas, por lo que se puede decir que «es la cuenta representativa de obligaciones devengadas de carácter residual», aclaran en el Ministerio de Hacienda.

Lo que entra

Afecta a las deudas derivadas de alquileres, las reparaciones y conservación, suministros de gas y electricidad, servicios de telefonía, gastos de personal, subvenciones monetarias concedidas por la entidad, expropiaciones, adquisición al contado de bienes muebles, certificaciones de obra ordinarias o liquidaciones de obras que, al final del ejercicio 2019, se habían devengado y no se llegaron a imputar al presupuesto de gastos de la entidad.

Tanto el Ayuntamiento como la Diputación son buenos pagadores. Ambas instituciones abonan sus facturas en tiempo con un periodo medio de 22,66 días en la Diputación y de 31,7 días en el Ayuntamiento de León, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al mes de enero. A finales de ese mes, el municipio de León no había pagado trabajos por valor de 1,3 millones de euros y la institución provincial, 1,57 millones. Frente a ello, el gasto en proveedores ejecutado en la capital leonesa fue de 3,6 millones de euros también en enero y de 2,5 millones en el Palacio de los Guzmanes, lo que supone una ratio de operaciones pagadas —número de días de pago por el importe desembolsado entre la cifra total de pagos realizados— de 27,10 en el primero de los casos y de 17,32 en el segundo.