Beneficiarios y a la vez víctimas de la reforma legal del sistema

La ley rider que aprobó el Gobierno en mayo y que entró en vigor en agosto choca con los intereses de buena parte del colectivo de autónomos que trabajan en León para las plataformas de reparto a domicilio que han colonizado las calles de la ciudad, especialmente tras la pandemia. No creen que el modelo de negocio «resulte rentable» si las empresas tienen que contratar como asalariados a los miles de mensajeros que hasta el momento funcionan por cuenta propia para ingresar de media «unos 1.500 euros mensuales» después de pagar impuestos y descontar la gasolina, aunque los más veteranos, en los meses buenos, ganaban hasta 3.000 euros, muy por encima del salario mínimo, tal y como apuntaban algunos de los afectados. La aplicación beneficia con más pedidos a los que más tiempo llevan y, por tanto, más puntuación tienen, algo que estaba previsto que cambiara con la nueva normativa.