El Común avisa de la adaptación a la nueva recogida selectiva
Quintana recomienda a los ayuntamientos que inicien ya el proceso
El Procurador del Común avisó ayer a las diputaciones, ayuntamientos y entidades locales de que deben proceder a «la adaptación de la recogida selectiva a la reciente Ley de Residuos para cumplir con los plazos que se establecen en ella». El defensor del pueblo autonómico recalcó que será «obligatoria la recogida separada de nuevos flujos de residuos y, más en concreto, de los residuos textiles y residuos domésticos peligrosos», e incidió en que las administraciones provinciales tienen que «auxiliar a los pequeños ayuntamientos para que puedan cumplir la nueva ley antes de diciembre de 2024».
La institución dirigida por Tomás Quintana expuso que «la nueva Ley de Residuos, aprobada en abril de 2022, establece como obligatoria la recogida separada de nuevos flujos de residuos y, más en concreto, para los residuos textiles, residuos domésticos peligrosos (pinturas, productos de limpieza, lámparas, residuos eléctricos y electrónicos, etcétera) y aceites de cocina, que deben entregarse por los usuarios, recogerse por los ayuntamientos y tratarse por los gestores autorizados, de forma separada, antes de diciembre de 2024».
El cumplimiento provocará cambios en la gestión del servicio público para las administraciones responsables, que «deben proporcionar puntos de recogida y acercarlos a los usuarios, para gestionar de manera adecuada los nuevos flujos generados». apuntó. Pero además reseñó que afectará a los ciudadanos en general, que tienen que «cumplir con medidas de separación y preparación para la reutilización de todas estas fracciones de residuos», señalaron desde la institución.
Quintana aprovechó para instar «a todos los ayuntamientos que participaron en estas actuaciones de oficio a adoptar medidas dirigidas a minimizar las molestias que se puedan generar por la instalación de un mayor número de contenedores en la vía pública». Pare llo, les recomendó «examinar con especial detenimiento los criterios que se deben atender para la ubicación de los dispositivos de recogida de aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos.