Diario de León

Las cuencas mineras piden al 2004 «más carbón para salvar el futuro»

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El año 2004 será decisivo para el futuro del sector del carbón. En doce meses, se deberán clarificar asuntos como la definición de la reserva estratégica de mineral, la negociación de un nuevo plan del carbón, el cumplimiento de los compromisos de Kioto en materia medioambiental y la redacción de una nueva ley de actuación minera. Son los apartados fundamentales que están en el punto de mira de los sindicatos mineros que reivindican que se mantenga la cuota nacional de 12,7 millones de toneladas de carbón actuales, con algo más de 5 millones para Castilla y León, y que las centrales térmicas inviertan en tecnología ambiental para garantizar el consumo de carbón autóctono y, por tanto, la estabilidad del sector. A falta de un compromiso político que no acaba de cuajar, los sindicatos mineros piden al futuro «más carbón para garantizar la estabilidad de las cuencas mineras», en palabras del secretario regional de minería de la FIA-UGT, Fernando López Rellán, recogidas por la agencia Ical. Esta organización tiene claro que no quieren «regalitos, sino un compromiso fuerte de las administraciones en el marco de la Unión Europea para defender el sector minero más allá de 2010». En su opinión, es necesario «más conciencia política para que se analice lo que ocurre en el sector, se le dé una salida digna y que mantenga el nivel de empleo». El año 2004 será fundamental para clarificar las unidades de producción que van a completar el cupo de carbón autóctono, la denominada reserva estratégica, que el Gobierno enviará a Bruselas y que «aclarará qué empresas funcionarán hasta 2007, con qué empleo y en qué condiciones», según el secretario provincial de minería de CC.OO. en León, Alberto González. Un dato que, por el momento, el gobierno no ha dado a conocer y que los sindicatos exigen que se determine cuanto antes «porque definirá el volumen del sector que va a quedar», según López Rellán. Aunque el plazo para fijar la reserva estratégica expira en junio de 2005, los sindicatos exigen al Ministerio que la negociación se inicie cuanto antes, aún a riesgo de politizar el asunto. En caso de que no fuera así, los sindicatos mineros amenazan con movilizaciones «para recordarle al Ministerio que las comarcas mineras estamos vivas y queremos seguir estando vivas y aportar energía a este país».

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