El desplome brutal de viajeros lleva el déficit del bus urbano hasta los 5,6 M€

Mientras más gente se suba al autobús urbano, menos tiene que pagar el Ayuntamiento de León. Pero con el número de viajeros en picado, la relación inversamente proporcional condena a la administración municipal a enfrentarse a un déficit de 5,670 millones de euros por el funcionamiento del servicio en el último ejercicio. Donde no llega el billetaje, deben acudir los fondos públicos para parchear una prestación que apenas ronda ya los 2 millones de usuarios, muy lejos de los 5 millones que se contabilizaban en 2011, cuando el padrón también contabilizaba 10.000 habitantes más.

Pero por encima incluso del ritmo de recesión demográfica, el transporte urbano de León cerró 2021 con unos ingresos por billetaje de apenas 1,8 millones de euros. La cifra refleja una disminución de un 38% con respecto a los 2,9 millones de euros de 2019, último ejercicio completo antes de la crisis sanitaria. Aunque la comparación encuentra todavía un escenario más negativo si se tiene en cuenta que las entradas de capital por el pago de los viajeros apenas fueron un poco más que las obtenidas en 2020, cuando se recaudaron 1.468.000 euros, pese a que entonces se anotaron tres meses sin cobrar billetes y más de medio año de restricciones de aforo por la pandemia del covid.

El agujero entonces ayudó a cubrirlo el Gobierno con un fondo especial de compensación. León ingresó de manera directa del Estado 1,2 millones de euros, que dejaron el déficit en apenas 3,6 millones de euros a cubrir con recursos propios de la administración municipal. No se prevé que lo haya para este año, pese a que ayuntamientos como el de Salamanca ya han reclamado al Ejecutivo central que modifique el Real Decreto-Ley 6/2022 para que se incluya al bus urbano en las ayudas al transporte.

Sin este colchón estatal que ayude a atenuar el agujero, la subvención al transporte urbano deberá asumirla el Ayuntamiento de León en solitario. El incremento del déficit se resuelve como consecuencia no sólo de la pérdida brutal de viajeros, sino también de la subida del precio de los carburantes, que hicieron que el coste total pasara de 7,2 a 7,523 millones de euros en 2021. De acuerdo al contrato de la administración con la concesionaria, Alesa, perteneciente al grupo Alsa, sobre esta factura se resta la caja del billetaje. Como resultado aparecen los 5,6 millones de euros, que suponen una subida de 1,2 millones de euros sobre los 4,41 millones de euros que hubo que afrontar en el último ejercicio anterior a la crisis del covid.

La factura marca un pico en los resultados de los últimos años, en los que se había estabilizado el coste alrededor de los 4 millones de euros. Queda aún por debajo d e los 6,3 millones de euros de récord de 2011, cuando empezaron a hacerse ajustes en el contrato. Aunque entonces había 5 millones de viajeros.