A la espera de lo que dictamine el Consultivo sobre la legalidad o no

Después de un año de negociaciones con el Somacyl, la encomienda de gestión para la renovación del alumbrado quedó condicionada el 18 de abril con la entrada en vigor de una nueva directiva europea de contratación. De acuerdo a esta legislación comunitaria, el plan no sería viable como ya avisó la responsable de la Secretaría General del consistorio, máximo órgano de fiscalización administrativa, después de que lo hubiera advertido Intervención en un informe anterior.

Pese a este criterio interno, el Ayuntamiento de León decidió en el Pleno de mayo acudir al Consejo Consultivo para que emita dictamen sobre la legalidad o no de la fórmula de encomienda, mediante la cual es la Junta quien contrata a través de su sociedad pública. No es un caso exclusivo de León, sino de más ayuntamientos, como Segovia, que esperan la resolución con la mayor celeridad.

La normativa europea recoge, como avisó la Secretaria General, que parta poder hacer la encomienda el Ayuntamiento tendría que tener un control de Somacyl análogo al que tienen sobre sus propios servicios, como el Ildefe por ejemplo, y que el 80% de los servicios se los preste al consistorio. Ninguna de las dos se cumplen a priori, salvo que el órgano autonómico encuentre una fórmula.

No cabe de inicio tampoco la fórmula de Ciudadanos. La formación naranja propuso que se haga un leasing con el que pedir a los bancos los 10,8 millones con los que financiar el cambio de la infraestructura y devolvérselo en 10 años. Pero incumpliría la regla de gasto y el plan de ajuste, según las consultas iniciales pedidas a los servicios económicos.