Los funcionarios piden no abrir la piscina de la cárcel de Mansilla a falta de un protocolo Covid
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones ha remitido una carta al director de la cárcel de Mansilla de las Mulas para que este verano no se abra la piscina del centro «al no adoptarse medidas frente al coronavirus y ante la posibilidad de contagio al resto de la población reclusa y funcionarios y las posibles consecuencias que puede suponer». A todo ello añaden «el gasto que supone su puesta en funcionamiento».
En la misiva, los funcionarios muestran su «preocupación» porque las decisiones que se han venido tomando durante la pandemia del coronavirus por parte de los responsables de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no están acorde a la situación que requiere la pandemia. En este sentido, recuerdan que se han recuperado las comunicaciones por locutorios, después los vis a vis íntimos y familiares y los permisos, «sin unas medidas preventivas adecuadas para todos los interno».
En relación a las piscinas, desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones explican que «no hay limitación de aforo, se ha establecido que cada módulo pueda ir a la piscina una hora de media durante varios días a la semana» y que los internos están supervisados por un socorrista y un funcionario, «que tiene que controlar a los bañistas y que, en el caso de que haya un positivo por Covid-19 dentro del sociocultural, al no haberse limitado el aforo en la piscina, y al ser un departamento donde hay un trasiego constante de internos de distintos módulos, se puede correr el riesgo de un contagio masivo dentro del centro penitenciario».
La asociación también ha hecho público el coste que tendrá abrir las piscinas de las cárceles nacionales durante un mes y medio. Una cifra que elevan a 340.000 euros que incluye, también la puesta a punto en algunos casos de las 25 primeras piscinas. La apertura de las piscinas será para los internos desde el 1 de agosto hasta el 15 de septiembre y que ascendería a 340.000 euros.
La asociación recuerda que en 2012, con motivo de la crisis económica, el Gobierno del PP, ordeno cerrar las piscinas de todos centros penitenciarios dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarlas al considerarlo un gasto importante e innecesario. A esto añaden que en junio del 2018, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, encargo a los directores de los centros que disponen de piscina, entre ellos la cárcel de Mansilla de las Mulas, para que redactasen un informe sobre el estado y situación de las mismas, sin tomar una decisión hasta conocer el coste de volver a ponerlas en funcionamiento. En algunos casos, como en el de la prisión de Albolote, en Granada, este coste asciende a 70.294 euros o de 46.348 en el caso de Sevilla II.