El Gobierno no ve ninguna posibilidad de rescate del peaje entre León y Asturias

Por si el presupuesto previsto para 2022 no aclaraba de forma suficiente la salud del peaje de la AP-66, la ministra de Transportes diluyó todas las dudas en el Senado: el rescate de la asturleonesa es imposible, porque es caro. Así se explicó el enésimo desengaño para los usuarios de la autopista y sus expectativas de dejar de pagar por circular entre León y Asturias.

Lo dijo Raquel Sánchez ante la embestida de Mercedes Fernández, cuando la senadora popular por Asturias preguntó a la ministra si consideraba el agravio, si creía «raquítica la cantidad de nueve millones» para trata de afrontar un problema para el bolsillo de los habitantes de esta periferia norte, que será problema hasta mediado el siglo.

La interpelación de la senadora del PP viene relacionada con la reciente prórroga de la concesión del peaje, matizada hace menos de un mes y decidida hace dos décadas, que ha agitado la respuesta social ante el lineal de cabinas de cobro al que cada día se someten los automovilistas y transportistas que circulan por la única vía de alta capacidad que conecta el extremo norte del país. «No estaríamos ahora hablando de agravios si el contrato de explotación de la autopista no se hubiera prorrogado con el Gobierno de Aznar y hubiera finalizado el pasado 17 de octubre», expuso la ministra Sánchez.

Al hilo de la pregunta de la senadora del PP, la titular de transportes reveló que las bonificaciones de la intervención del Gobierno sobre el peaje suponen desde el año 2007 entre el 11% y el 15% de los ingresos de los que da cuenta la concesionaria.

Esa línea de intervención crecerá en el próximo ejercicio, porque el presupuesto del Estado contempla en el borrador de 2022 que la cuantía anual destina a bonificar trayecto en la autopista pasará de 6 a 9 millones de euros. «Lo que no podemos hacer es bonificar el 100% de los ingresos de la autopista, que resumiría el ejercicio del rescate, porque el volumen de gasto es elevado habida cuenta que la concesión no va a acabar hasta 2050».

Representantes de Podemos en Asturias, de la formación que gobierna España en coalición con los socialistas, escenificaron hace menos de un mes una reivindicación por el final del peaje en la línea de cabinas de La Magdalena. Podemos, también ha elevado a Europa una demanda contra la legalidad de la prórroga de esta concesión, al entender que no se ajustó a criterios de interés general.

Mercedes Fernández cuestionó la justificación que expuso Raquel Sánchez sobre la permanencia del peaje. «Por si ve suficiente esa cantidad de nueve millones de euros, si es esto lo que nos merecemos los asturianos», dijo ante la cuantía prevista que comparó con los 50 millones anuales que se destinarán por la misma razón a la AP-9.

El debate en el Senado sobre el devenir de la AP-66 no llegó a abordar esta vez la revisión que se viene sobre las tarifas, y que a corto plazo va a suponer un incremento en el coste que se aplica por trayecto.

La tendencia del Índice de Precios al Consumo, referencia de base para abordar el inventario de tarifas en las autopistas de pago cada año, hace inevitable un ajuste al alza. Este extremo ya ha sido apuntado por algunas referencias informativas. La subida de los peajes podrá rondar el 2% a partir del 1 de enero, tal y como informó en una edición reciente La Voz de Galicia. La nueva tarifa se determina por el IPC entre noviembre del 2020 y octubre del 2021; y el IPC de noviembre del 2019 y octubre del 2020. De esa media, se obtienen los parámetros que dan el porcentaje de ajuste en la tarifa del siguiente año. Además, las concesionarias pueden aplicar un factor añadido que se deriva del resultado de la densidad de tráfico de cada vial. La nueva carga para las autopistas de León, la AP-71 y la AP-66, parece inevitable.