Interior rescata la opción de León para formar a 900 funcionarios penitenciarios

El Ministerio del Interior ha recuperado la idea de construir el Centro de Estudios Penitenciarios comprometido para León y que en los años sucesivos a la crisis de 2008 tuvo que ser aparcada por el Gobierno de Zapatero. Ahora, veinte años después el proyecto de convertir viejas instalaciones carcelarias de la ciudad en un centro de referencia para formar a personal de la Administración Penitenciaria vuelve a la actualidad tras los movimientos realizados por el PSOE leonés al más alto nivel para consolidar la idea de que este centro de excelencia formativa es una deuda con la provincia.

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido informado de la propuesta que pretende ubicar en la vieja cárcel de León la sede de estas instalaciones por las que pasarían los alrededor de 900 funcionarios penitenciarios que se promocionan cada año. En 2000, cuando el proyecto fue publicado en el BOE, se contemplaba una capacidad anual de 3.000 personas en diferentes ciclos de formación tanto continua como específica y albergar de forma simultánea a no más de 250 alumnos, algo impensable hoy en día a tenor de la evolución del sistema penitenciario español, con menos promociones, nuevas formas de criminalidad y cambios en la tipología de la población reclusa.

El modelo elegido es el desarrollado en Francia, que ha creado una escuela de estas características en el sur del país, a la que acuden educadores, funcionarios de vigilancia y personal administrativo y de dirección. Sus funciones serán similares a la Academia de la Policía Nacional en Ávila, a la Academia de la Guardia Civil de Baeza, incluso, eliminando el matiz militar, a la Academia Básica del Aire en La Virgen del Camino. En definitiva, todas las áreas de trabajo penitenciarias requieren un proceso de formación posterior a la aprobación de las oposiciones que dura entre cuatro y seis meses. Se trata de que en ese periodo los alumnos puedan llegar como internos a las instalaciones de León y, bajo ese modelo de academia, se alojen en la propia escuela para recibir allí mismo las clases.

El proyecto requiere renovar los barracones para tener tal función, pero también hará falta construir una recreación de una prisión a escala, puesto que una de sus funciones es la de diseñar nuevos modelos de centros penitenciarios de dimensiones reducidas —menos de 700 internos— y sostenidos con un uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información.

En este ámbito es de suma importancia valorar la creación de espacios colaborativos entre las diferentes instituciones y empresas vinculadas a la seguridad. El ecosistema surgido en torno al Incibe refuerza este modelo innovador, al que se podrían sumar fuerzas armadas, policías, bomberos, Protección Civil, incluso la seguridad privada. Otra forma de cooperación que se plantea desde León son las iniciativas comunes con la Universidad, donde se pueden crear másteres de Derecho o Criminalística.

Uno de los asuntos a los que se enfrenta Interior es redimensionar el proyecto original, cuyo plazo de ejecución era de dos años con un presupuesto de entre 50 y cien millones de euros y la creación de 350 puestos de trabajo directos y de alto valor añadido en una primera etapa, tal y como consta en la planificación a la que ha tenido acceso este periódico. Lo único que ya está descartado es la comprometida unidad de madres para que las mujeres que cumplen penas de prisión convivan con sus hijos o hijas menores de tres años de edad. Los cambios respecto al año 2000 hacen innecesaria esta infraestructura inicialmente proyectada. Según explicó el líder de los socialistas leoneses, Javier Alfonso Cendón, el suelo anejo al Centro de Inserción Social, en el paseo del Parque, cumple con todos los requisitos para levantar la nueva academia, sobre todo porque está en desuso desde el año 1999 y sólo puede ser utilizado con fines penitenciarios tras la revisión del plan de amortización y creación de nuevos centros. «No hay fecha, pero se va a hacer», confirmó el temabién diputado. Para él, la reputación de Villahierro, cuyos módulos de respeto fueron exportados a otras prisiones, debe ser argumento suficiente para decantar la ubicación de la futura academia que también pretende Cuenca; el pleno municipal de esta ciudad ya ha aprobado por unanimidad pedir el centro de formación. Los parlamentarios del PP lo están moviendo para Soria y en Cáceres lo han reclamado los funcionarios.