TRIBUNALES
El juez anula la orden de suprimir la productividad a los funcionarios en San Andrés
El fallo se apoya en la falta de un acuerdo plenario y en la no negociación con los sindicatos
Los funcionarios protagonizaron protestas en los plenos durante seis meses por la productividad. JESÚS
p. infiesta | san andrés
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha anulado la resolución de la Alcaldía de San Andrés del Rabanedo del pasado 31 de agosto, que acordaba suprimir el complemento de productividad a los 130 funcionarios desde ese mes. La sentencia destaca que al tratarse de la eliminación global del plus, «era precisa negociación». Sin embargo, no existió «acuerdo del pleno, órgano prima facie (a primera vista) competente, y tampoco se acreditó que la decisión adoptada por la alcaldesa de suprimir el complemento a todos los funcionarios fuera objeto de negociación con los representantes de los trabajadores».
El juez cree que «el contundente y minucioso» informe de la técnico de Administración General es clave. El documento señala que la medida supone «una actuación aislada, discriminatoria y manifiestamente contraria a los principios que regulan» los salarios de estos empleados, «sin que se acredite el consenso con los representantes del personal y sin que se realice al amparo de un plan de empleo o relación de puestos de trabajo, algo que para otras medidas en materia retributiva se viene exigiendo». También valora que todas las motivaciones alegadas para amparar la exclusión de la productividad, como el plan de ajuste, la reducción de gastos de personal y el estado de ejecución del presupuesto, «son obviados cuando se trata de aplicarlos al personal laboral, especialmente, al subrogado de la empresa Urbaser».
Costas y acuerdo
El juez reconoce el derecho del trabajador demandante al complemento de productividad de las mensualidades que reclama, pero aclara que no se pronuncia sobre la cantidades futuras de productividad, por estar sujetas a variabilidad temporal. Impone, además, las costas, al Ayuntamiento. De momento, cuatro funcionarios han acudido a los tribunales para reclamar el plus. Curiosamente, el conflicto entre el equipo de Gobierno y la plantilla por la productividad, que se materializó en movilizaciones todos los miércoles desde julio y una soterrada huelga de brazos caídos, finalizó a mediados de enero tras aceptar los funcionarios la propuesta del Ejecutivo local para transformar ese plus en un complemento específico de igual cuantía para todos (200 euros), lo que significa consolidar esa cantidad en el salario. En la Mesa General de Negociación, los sindicatos SPPM y USO votaron sí a la propuesta; UGT no, y Csif se abstuvo. De media, la productividad venía suponiendo un desembolso de 36.000 euros mensuales que el equipo de Gobierno quería limar. El reparto era desigual, ya que una docena de trabajadores redondean su sueldo con hasta 1.000 euros. El acuerdo se firmó con carácter retroactivo, de modo que los funcionarios recibirían 1.200 euros de los atrasos en estos primeros meses del año.