La Junta anuncia un plan para reactivar el comercio centrado en el tradicional

Antes de finalizar el año, la Junta dispondrá de un plan de reactivación del comercio tradicional, según anunció ayer el director general de Comercio y Consumo, Luis del Hoyo. Se trata de un sector «fundamental en la economía», según resaltó, ya que genera 176.000 empleos y se ha visto muy afectado por la crisis del Covid-19.

Del Hoyo reconoció que el comercio es de los sectores que más está sufriendo las consecuencias de la pandemia, con un cierre estimado de en torno al 20%, aunque confía en que acabe siendo menor porque es clave para la economía de Castilla y León.

«No podemos imaginarnos unas ciudades sin comercio y por eso estamos preocupados», reconoció. Del Hoyo pidió concienciar a los ciudadanos de lo que representa el comercio para las ciudades en la economía circular, animándoles a comprar en el comercio tradicional.

«El comercio digital no llega al 10% de transacciones; hay que poner el foco en el 90% del comercio físico. Debemos hacer un gran esfuerzo», reclamó. El director general destacó que la campaña comercial de Navidades será más importante que nunca y a partir de septiembre se trabajará para contar antes de final de año con la nueva estrategia sobre el apoyo al comercio tradicional.

Además subrayó que la formación es esencial para los empleados, para mejorar la calidad del servicio, y habrá nuevas ocupaciones en el sector, como redes sociales. Del Hoyo espera que el cierre de comercios se frene, y para ello es fundamental, a su juicio, que desaparezca la incertidumbre que pivota sobre el sector y sobre el comportamiento del consumidor, con la modificación de los hábitos de consumo.

En el caso de León, de los 15.000 empleos del comercio en la provincia, más de 5.000 están vinculados al textil y al calzado y casi su totalidad se acogieron a expedientes de regulación temporal de empleo (Ertes) con la irrupción de la pandemia; una situación en la que están aún el 30%. El director general de Comercio y Consumo anunció el futuro plan para reactivar al comercio tradicional en Soria, donde 82 establecimientos participan en un mercado virtual para vender a través de una plataforma en Internet. El sector ha vivido momentos difíciles y de incertidumbre y se reivindica por dar vida a las ciudades. «Donde no hay comercios, se ve la tristeza, como hemos comprobado durante el estado de alarma», reconoce del Hoyo, quien reconoce que el Covid puso «la puntilla» la crisis que arrastraba el comercio tradicional desde 2008. Por ello los comerciantes urgen a ser considerados como un sector estratégico de la Comunidad, quieren que se visibilice el sector y que existan ayudas directas al mismo.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recomienda a la secretaría general de Industria que el plazo de validez de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) se contabilice a partir de la revisión que se realice y sin descontar el periodo de prórroga que estableció la Administración durante el estado de alarma. Las estaciones ITV estuvieron cerradas durante la pandemia y se estableció una prórroga para la validez de los certificados. Restablecido el servicio, el Gobierno determinó que al plazo de validez de las inspecciones se le descontaría el período de prórroga, cuestión que el Defensor del Pueblo ve poco justa.

La Institución ha recibido quejas de asociaciones y particulares en las que ponen de manifiesto su disconformidad con estas condiciones ya que con ellas muchos vehículos tienen que realizar dos inspecciones seguidas en un corto periodo de tiempo con los costes y cargas que supone para sus propietarios. Industria asegura que no imponen cargas adicionales a los interesados ya que se va a efectuar una inspección que debió realizarse y quedó en suspenso. Además, apuntan que estas medidas permiten a las estaciones de ITV poder absorber el volumen de vehículos acumulados pendientes de inspección y garantizar la viabilidad de su actividad.

Fernández Marugán recuerda que el objetivo general de la ITV es asegurar que los vehículos estén en buenas condiciones de uso desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente y no observa en la respuesta de la Administración razones imperiosas de interés general que justifiquen el recorte de la vida legal de las ITV.