El jurado popular cumple 25 años con más apoyos que rechazos y errores manifiestos

Fue en los albores del cambio de siglo. Se juzgaba en la Audiencia Provincial un homicidio por la muerte de una persona, cosida a puñaladas con el cuchillo de untar la mantequilla. Y al mítico José Rodríguez Quirós le tocó presidir el jurado popular. El tribunal de ciudadanos no lo tenía claro y andaba ya cerca de la media noche aún con diatribas. Quirós empezó a impacientarse.

— «¿Qué quieren ahora?»

—Que piden volver a ver el cuchillo y que si les pueden traer la cena ya, que es tarde.

— «¿Cena? ¡¡¡Aquí no cena ni Dios hasta que entreguen el veredicto!!!»

Y el veredicto llegó rápido.

En septiembre de 2005 el sistema llevaba ya diez años de vigencia. Pero aún mostraba signos de inmadurez. Por eso el jurado popular que declaró no culpables a los dos sudamericanos acusados de acabar con la vida de Jesús Molina, un boxeador local cuyos restos aparecieron reducidos a la mínima expresión en un vertedero de Villadangos del Páramo, leyó el veredicto a las 3.30 de la madrugada de un viernes. Sólo había un periodista en la sala aquella madrugada.

Vivencio Garrido fue el primer acusado juzgado en León por un tribunal popular, el 16 de septiembre de 1997, tras el homicidio a puñaladas de una mujer. Fue hallado culpable del denominado ‘crimen del Ejido’. Se le redujo la pena a diez años de prisión por alteración en sus facultades mentales. El coste de la celebración del juicio fue de 600.000 pesetas.

La Ley del Tribunal del Jurado Popular fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 22 de mayo de 1995 y en breve cumplirá 25 años de existencia. Contestada entre los profesionales del ámbito, que apoyan la teoría como una buena iniciativa pero muy difícil de ejecutar en la práctica de forma adecuada ha tenido a León ha sido escenario de casos relevantes. El crimen de Isabel Carrasco, el asesinato de la peregrina Denisse Pika Thiem, la muerte de Roberto Larralde, el caso del celador forestal declarado no culpable de arrasar 300 hectáreas de los Ancares bercianos, entre otros, han sido ejemplos de causas en las que la última palabra la han dicho los ciudadanos.

«Si tu cliente es inocente, procura que le juzgue un juez. Si es culpable, mejor que te toque un jurado». El aserto irónico, a medio camino entre la queja y la realidad, circula entre los profesionales de la abogacía por los pasillos del Palacio de Justicia de la capital cada vez que se produce un caso de estas características.

El artículo 125 de la Constitución española de 1978 establece que «los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine».

El texto constitucional cumple con ello lo que puede considerarse una constante en la historia del derecho constitucional español; cada período de libertad ha significado la consagración del jurado; así en la Constitución de Cádiz de 1812, y en las de 1837, 1869 y 1931, y por el contrario cada época de retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido considerablemente ese instrumento de participación ciudadana, en paralelo y como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participación en los asuntos públicos.

El problema radica en que la propuesta nace de una utopía ideal que en la vida real, no se lleva a efecto. Raquel Gago, declarada culpable de encubrimiento por un jurado, terminó cumpliendo condena como cómplice de asesinato. De los siete acusados del crimen de Larralde, seis fueron considerados culpables. Hoy solo uno sigue en prisión, en virtud de la intervención posterior de los magistrados profesionales en los recursos. Son dos ejemplos recientes.

Para la Audiencia la celebración de juicios con jurado ha significado «un importante reto organizativo», explica Ana del Ser, presidenta de la institución. «En los últimos años se ha producido un incremento notable de estos procedimientos de difícil gestión en cuanto a la organización, aumento que seguirá dejando huella en el trabajo del próximo año, estando en estos momentos ya haciendo los llamamientos para un nuevo proceso».

Al importante número de los juicios con jurado «se ha unido la complicación derivada de la repercusión mediática de alguno de ellos».

Fernando Javier Muñiz Tejerina, magistrado de Instrucción 1 de León, espera algunos cambios: «Quizás el legislador pensaba que no se debían incorporar demasiados elementos técnicos que dificultarían la siempre complicada función de discernir entre el hecho y el derecho. Parece, por tanto, que no apuesta por desarrollar el ámbito del enjuiciamiento por el tribunal del jurado, ni por reformar la ley que lo regula. Esperemos que antes de que transcurran otros 25 años se introduzcan mejoras técnicas que permitan que la institución del Jurado, cualquiera que sea el modelo, permita de un modo real y efectivo la participación de los ciudadanos en la administración de justicia y con ello la mejora de la misma».

Fernando Rodríguez Santocildes ha participado como letrado en importantes juicios con jurado. «Cada vez que hay un juicio mediático existe una tendencia a poner en duda la institución del jurado, dudando de la capacidad de los ciudadanos legos para resolver cuestiones reservadas en otras ocasiones a jueces y magistrados profesionales. Considero que hay determinados delitos, que por requerir conocimientos muy técnicos, tal vez deberían sustraerse del conocimiento de los jurados, como malversación de caudales públicos o fraudes y exacciones ilegales. Es un sistema susceptible de alguna revisión, pero la institución del jurado llegó con la Constitución de 1978 y creo que está en nuestro ordenamiento jurídico para quedarse, aunque ciertamente es una institución mejorable».

La decana del Colegio de Procuradores de León, María Encina Martínez, es rotunda en su disconformidad con este sistema: «Para impartir la justicia, ya están unos profesionales que han pasado una oposición muy dura después de estudiar una carrera complicada. Desde mi punto de vista, son los jueces los que deben desempeñar esa tarea».

Alba García fue una de las integrantes del tribunal popular que juzgó el ‘crimen del Crucero’. Fue una grata experiencia para ella: «Como sistema sí funciona porque en mi caso fue un jurado muy heterogéneo. Influye mucho el relato de los abogados, más que el testimonio de los testigos. Creo que es una muy buena experiencia para ver un juicio de verdad y ver el trabajo de los jueces. Todos los que asistimos repetiríamos».