JUSTICIA
Los juzgados solo atienden asuntos esenciales y urgentes
Una huelga de letrados de la administración de justicia paraliza sin día de retorno la actividad en las salas de la provincia
Los letrados judiciales, en una de sus últimas movilizaciones. DL
Los juzgados de los siete partidos comarcales de la provincia de León quedarán paralizados y sin fecha de reapertura por el momento, como consecuencia de la huelga de letrados de la administración de justicia que se inicia esta mañana, tras fracasar las dos jornadas convocadas de forma puntual con anterioridad en noviembre y en diciembre.
Medio centenar de profesionales del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales) atienden la actividad en los siete partidos de la provincia (León, Ponferrada, Astorga, La Bañeza, Cistierna, Sahagún y Villablino).
Las estimaciones iniciales apuntan a que los paros podrían significar la suspensión de alrededor de 200 juicios diarios en León, cerca de 10.000 en todo el país.
Las tres asociaciones convocantes, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) lamentan los perjuicios que los paros pueden ocasionar, pero advierten de que "si el ministerio decide seguir en la casilla de salida, las consecuencias de la huelga son su responsabilidad, no nuestra".
La raíz del problema se sitúa en 2009, cuando una reforma legal atribuyó a los letrados varias responsabilidades que previamente correspondían a los jueces. A partir de entonces, el gremio ha asumido progresivamente una mayor carga de trabajo sin verla reflejada en sus condiciones salariales, pero fue la reforma de 2015 otro episodio clave en este sentido.
El ministerio adoptó en abril una serie de compromisos para mejorar las condiciones salariales de los profesionales y adecuarlas a las responsabilidades que les competen en la actualidad. El acuerdo no fue ejecutado por parte del Gobierno y a los profesionales no les queda otra salida, desde su punto de vista, que adoptar esta medida.