León encarga el plan especial del Camino de Santiago para no depender de la Junta

La ley estatal abrió la puerta en 1999 y la legislación autonómica lo recogió de manera expresa en 2002. En ambos textos se cita como una obligación. Pero hasta hoy, León carece de plan especial de protección del conjunto histórico del Camino de Santiago. Ahora, se fía en el horizonte de los dos próximos años, después del Ayuntamiento de León aprobara sacar a licitación la asistencia técnica para la redacción del documento. No se trata sólo de un instrumento de planeamiento, ni un catálogo más. Su aplicación servirá tanto para la protección del patrimonio que recoge como para agilizar las licencias en todo el área de influencia. En vez de tener que someterse a la tramitación dependiente de la comisión de Patrimonio de la Junta, los expedientes se acelerarán al depender de manera directa de los técnicos municipales, salvo en el caso de los monumentos o entornos históricos como la ciudad antigua.

La consecución del plan desatascará el cuello de botella que hacía retrasar las licencias para cualquier tipo de obra en el entorno del Camino. No sólo en el casco histórico, donde Patrimonio mantendrá la tutela, sino en todo el resto de la mancha que define el tránsito del Camino de Santiago: desde la entrada por Puente Castro, Alcalde Miguel Castaño, Santa Ana, Barahona, hasta la salida desde la ciudad antigua por Renueva, parte de Padre Isla, Suero de Quiñones y Párroco Pablo Díez. En todo ese entorno, donde en este momento se necesita el dictamen de la comisión autonómica para hacer cualquier tipo de obra, lo que supone de uno a dos meses más de espera, serán los profesionales municipales quienes resuelvan, de acuerdo a las especificaciones del plan encargado, como apunta el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete.  

El documento, cuya preparación hizo el anterior equipo de gobierno pero se ha aprobado ya en este mandato, tendrá que incluir «la toma de datos documentales y de campo, el análisis y diagnóstico, los avances, la plasmación de las características del planeamiento y su gestión, el estudio económico y la emisión de informes sobre las alegaciones que se presenten», como se cita en los pliegos. La condiciones del contrato, que sale a licitación con un presupuesto de 204.000 euros, establecen que la empresa adjudicataria deberá además ejecutar la «redacción del documento o documentos que deban ser elaborados para sometimiento del plan señalado a trámite o procedimiento ambiental y las gestiones que en relación con tal procedimiento deban ser realizadas», así como «las modificaciones de ordenación general del vigente PGOU que deban ser abordadas para la adecuada y coordinada puesta en práctica de las determinaciones».  

El trabajo contará con «un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conformen el área afectada, incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un plano topográfico», en el que se citen «las clases de protección y tipos de actuación para cada elemento», reseñan los pliegos. La enumeración se completará con una definición de «los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes en el interior», y los de «determinación de los elementos tipológicos básicos de las construcciones y de la estructura o morfología del espacio afectado que deban ser objeto de potenciación o conservación». El plan servirá además para que se recoja de manera específica «la justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o agregaciones que, excepcionalmente, se propongan»; para que se reseñen las «normas específicas para la protección del patrimonio arqueológico»; y para regular que queda «prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad, así como cables, antenas y conducciones aparentes».