viernes 21/1/22

Al nuevo mapa que prepara la Junta a partir de ese proyecto de ley que trata de apagar los rescoldos por las diferencias en materia de ordenación desde que existe la comunidad autónoma, le basta el respaldo de la mitad más uno del hemiciclo autonómico para salir adelante. Todas las intentonas anteriores requerían de un respaldo de dos tercios de los procuradores en las Cortes de Valladolid. Esta muesca no gusta en la Diputación de León, que interpreta una pérdida evidente de fuerza política, que merma la norma y su respaldo.

En defensa de su postura crítica con el procedimiento que envuelve esta recomposición legislativa en torno al ordenamiento del territorio, por lo que afecta a León, la Diputación entienden que ese documento sobre los servicios en el medio rural de comunidad, se convierte «en un mapa de partidos, en vez de otro de consenso en torno al equilibrio justo» para el territorio y los habitantes. Además, alega que en las áreas afectadas por el replanteo solo se garantizan los servicios esenciales de atención primaria de salud, educación infantil y primaria, y servicios sociales a una distancia de 30 minutos por carretera. Un margen que se define «inaceptable» a juicio de la institución leonesa para la prestación de servicios básicos esenciales, que garantizan derechos sociales reconocidos por el estatuto de autonomía, y definen la calidad de vida en un territorio; de modo que esta reforma más que cerrar una brecha la agranda.

Apoyo
El límite para que salga adelante se interpreta en la Diputación como una pérdida de fuerza política

En la forma
La institución leonesa se niega a acometer una función en un área en la que no es competente El margen El replanteo de la ley garantiza servicios esenciales a una distancia de 30 kilómetros

Otras leyes varadas

Los precedentes para el puzzle territorial están en la Ley 10/1998 de Ordenación; la Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio, al que nunca se llegaron a añadir las directrices complementarias que, mediante decreto de la Junta, tenían que concretar su aplicación. La propia Ley preveía que las directrices esenciales deberían haberse actualizado hace ya cinco años.

El listón del respaldo baja de dos tercios a la mayoría de la cámara