Luces y sombras de la tercera ley universitaria

El Consejo de Ministros daba esta semana el visto bueno al anteproyecto de la que será la tercera ley universitaria de la democracia. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) sustituirá a la LOU, una norma de hace 20 años, para adaptar la educación superior española a las necesidades del siglo XXI y de la revolución digital. El actual borrador sufrirá cambios antes de su envío, a principios de 2022, al Congreso. El deseo del Gobierno es que se apruebe y entre en vigor antes del final de la legislatura. Y hay novedades relevantes.

El candidato a rector ya no tendrá por qué ser catedrático, bastará con que sea un profesor titular con 15 años de docencia, 16 de investigador y al menos cuatro al frente de un departamento, un decanato o un vicerrectorado.

Se le podrá elegir por el método tradicional —por mayoría del Claustro— o por un órgano específico con esa sola misión que celebrará una especie de concurso de méritos nacional. Lo formarán, como el Claustro, profesores (50%), alumnos (10%) y trabajadores (10%), más un 30% de ciudadanos de reconocido prestigio ajenos a la universidad. Valorará los currículos y méritos de todo profesor funcionario que se postule y elegirá a uno por mayoría. El mandato del rector pasa de 4 a 6 años, pero no puede presentarse a la reelección.

Alumnos más influyentes

La norma da mayor representación a los alumnos, que al menos tendrán un puesto en el Consejo de Universidades —el órgano nacional de coordinación académica— y que constituirán un Consejo de Estudiantes (para representar al colectivo) en cada centro. También habrá más participación social. El Consejo Social, el órgano por el que la sociedad participa en la gestión de la Universidad, también tendrá más poder. Tiene asegurado un puesto en el Consejo de Universidades y al menos un 10% de los asientos en el Consejo de Gobierno de cada campus, máximo órgano universitario. A cambio, sus miembros serán elegidos en listas abiertas por las asambleas autonómicas, informó Colpisa.

Las mujeres son el 55% de la tituladas universitarias, pero solo el 41% de las profesoras titulares y el 25% de las catedráticas. La ley pretende romper este techo de cristal con medidas como reservarles un porcentaje de plazas en algunos concursos o que tengan preferencia a igualdad de condiciones sobre los hombres en áreas masculinizadas. También pide paridad en órganos colegiados, equipos de investigación y comisiones de selección.

Se establece por ley que las universidades, muy maltratadas durante la crisis, deben recibir al menos una financiación suficiente para cubrir sus gastos de funcionamiento básico (personal, corrientes e inversiones) más otro aporte adicional por objetivos (resultados docentes o de investigación). En una década, añade, deben recibir una aporte semejante a la media de la UE. El borrador indica que la carrera de los docentes tendrá como escalones estables los profesores ayudantes doctores, los titulares y los catedráticos.

La temporalidad máxima debe reducirse a la mitad, del 40% actual al 20%. El profesorado funcionario, por contra, debe subir del 51% de la plantilla a tiempo completo al 55%.

fin al fraude de los asociados

Para terminar con el fraude de ley de los supuestos profesores asociados, figura pensada para que profesionales diesen clase a tiempo parcial, pero que se han convertido en docentes a tiempo completo y con sueldos pírricos que sostienen muchas universidades, se abren dos vías.

Para los que son doctores y llevan al menos cinco años en campus con más de un 15% de asociados se les reservará un 15% de plazas en los concursos de profesor titular. Los no doctores que hayan trabajado cinco años como asociados podrán ser contratados por un máximo de cinco años como interinos.

Una de las medidas más novedosas es que la ley trata de acabar con el amiguismo y la endogamia de las universidades españolas —el 70% de profesores trabajan en el campus en que se doctoraron—. En las comisiones que adjudiquen plazas y concursos deberá haber una mayoría de profesores de otras universidades que serán elegidos por sorteo. Otra novedad son los contratos de 1 a 4 años para «profesores distinguidos». Un instrumento que busca permitir el fichaje temporal de científicos de renombre mundial.

Prevé toda una batería de medidas para favorecer la investigación y la transferencia de innovación a la sociedad. Obliga a que todas las universidades inviertan al menos un 5% de su presupuesto en este área y a reservar al menos el 15% de las plazas docentes para investigadores.

La reacción de los estudiantes ha sido inmediata. Denuncian que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario «supondrá un grave retroceso en la democracia interna de las universidades, así como en los derechos estudiantiles». La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) rechaza que la ley incorpore la posibilidad de que los rectores sean elegidos por un órgano externo a la comunidad universitaria, así como que los mandatos de los rectores se amplíen a seis años, pues considera que «perjudicaría gravemente la democracia interna de las universidades».

Además, rechaza la fórmula establecida para este nuevo sistema de elección a rector, en el que dicho órgano estará formado por entre 20 y 30 miembros, de los cuales el 50% corresponderá a Personal Docente e Investigador (PDI) de la universidad, el 10% a los estudiantes, otro 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PAS), y el 30% restante a personas externas a la universidad de reconocido prestigio, lo que supondrá una «devaluación del voto de los estudiantes».

Desde la coordinadora consideran que una «verdadera democracia efectiva» es aquella en la cual cada persona representa un voto, algo que no se veía reflejado en la LOU, pero que se ha visto «empeorado» en la ya denominada Ley Castells, en honor al ministro promotor.