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Mañueco garantiza la dualidad de la pública y la concertada en el sistema educativo

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó ayer en Valladolid un Pacto de Estado para la educación «cuanto antes» porque necesita «estabilidad» y «certidumbre» en lugar de «confrontaciones» y «vaivenes» así como salir del debate político, ideológico y partidario. El popular mantuvo en Valladolid un encuentro con los responsables de las organizaciones representativas de la enseñanza concertada, tras la que subrayó que la educación es un asunto de «todos» y, por lo tanto, una cuestión de Estado.

Pese a reconocer la dificultad para alcanzar un acuerdo, reclamó al próximo Gobierno sentarse con todas las fuerzas políticas y las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar la educación. De esta manera, a su juicio, se logrará sacar la educación fuera de la confrontación política y se eliminaría el adoctrinamiento de las aulas, existente en algunas comunidades.

Mañueco destacó que Castilla y León cuenta con uno de los sistemas educativos «más sólidos y fiables» del país, basado en los principios de calidad, equidad y libertad. Un «modelo de éxito» que atribuyó, entre otras cosas, a la coexistencia y la complementariedad de la educación pública (que agrupa el 70% de los centros) y la concertada (30 %) desde hace muchos años. «Es un sistema necesario para ambas educaciones», significó. En León hay 16.563 alumnos de la concertada.

El presidente de la Junta también habló de la «apuesta incondicional» de la Comunidad a la equidad, que ha permitido la igualdad de oportunidades, con independencia del lugar de residencia del alumnos. En ese sentido, valoró que la escuela rural tiene un nivel de calidad similar a los centros de las ciudades.

En cuanto a la libertad, aseguró que la Junta «tiene muy claro» que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Ante los responsables de la escuela concertada en Castilla y León, y lanzó un «mensaje de firmeza y tranquilidad» al señalar que la Junta está «comprometida» para garantizar el derecho de la libertad de elección de los centros, recordando que así consta en la Constitución, frente a las palabras de la ministra Celaá.

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