Operación Púnica en León. Suspendido el juicio hasta el día 28 para que las defensas estudien la nueva documentación

Los magistrados responsables de la pieza leonesa de la Operación Púnica acaban de decidir la suspensión del juicio, tras la propuesta del letrado de Eico y Madiva, las empresas investigadas, que alegaba "evidente indefensión" de sus clientes, que desconocen el contenido de la prueba que se propone ahora por parte de las fiscales Carmen García-Cerdá y Teresa Gálvez.

La solicitud había generado momentos de tensión en la sala. Cerdá ha acusado a los letrados de venir al juicio "con los deberes sin hacer".  No entiende la fiscal que "desde 2018" no hayan tenido tiempo de estudiar las actuaciones. Gálvez ha dicho que si se ha resumido el material solo ha sido por economía procesal. Los responsables de la vista han decidido que hasta el día 28 de noviembre no se reanudan las sesiones y dan plazo a las defensas para que estudien la nueva documentación. El juicio ahora no concluirá el 1 de diciembre, como estaba previsto, ya que será necesario recuperar las cuatro sesiones de esta semana que ahora se pierden.

Los magistrados han decidido también dejar para la sentencia las propuestas que han formulado las defensas. Se ha rechazado la cuestión de incompetencia de la Audiencia Nacional presentada por la defensa de Marcos Martínez y la práctica totalidad de las cuestiones planteadas de forma previa.

Los abogados están preocupados por la "ingente cantidad de documentación" que se ha aportado a última hora "sobre la que nuestros clientes no tienen información" cuestión que limita el derecho a defensa. Ha sido especialmente crítico el letrado de José Antonio Alonso Conesa. La defensa de Martínez Barazón manifiesta "que a día de hoy" no ha recibido esa documentación: "Si son parte de otra causa, no entendemos que se incluyan en este juicio", dijo la abogada. Tampoco entiende esta parte que la prueba aportada "teledirija la causa a su antojo". Están "desvirtuando el sentido de la acusación", dijo Natalia Escanciano.

Lo mismo ha expresado la defensa de Pedro Vicente Sánchez, que ha presentado una protesta. Juan Carlos Zatarain rechazó en  nombre de Jesús López  que haya renunciado al testimonio de Henar Bardón, secretaria de la Diputación y Miguel Ángel del Egido, diputado de Turismo en la etapa de los hechos. Ha reiterado su intención de que declaren como testigos.

Seis personas están acusadas de formar parte de una trama de concesión supuesta de contratos para explotar servicios en la estación de San Isidro a cambio de mejorar en Internet  la reputación del entonces presidente de la Diputación, Macos Martínez Barazón, para el que se proponen ocho años de prisión por malversación, fraude, falsedad documental y tráfico de influencias. 

Siete años de cárcel solicitan las fiscales para Pedro Vicente Sánchez, diputado provincial entonces y Jesús López, en aquella época interventor. Cinco años y medio se proponen para el conseguidor, Alejandro de Pedro y para el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa y tres años y medio para Guadalupe Carrascosa, empleada de la agencia que realizaba los trabajos en la Red.