sábado. 26.11.2022

El presidente del Consejo de Cuentas analiza la gestión de la investigación en las universidades públicas

Mario Amilivia comparece en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico
universidad
Instalaciones del campus universitario de León. JESÚS F. SALVADORES

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha presentado hoy en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico dos informes sobre el mundo universitario, uno procedente del anterior mandato del Consejo sobre la investigación en las cuatro universidades públicas de la Comunidad y otro sobre las cuentas de la Universidad de Valladolid, publicado el pasado 16 de junio.

Con los informes presentados hoy quedarán ya solo seis aprobados y pendientes de comparecencia, dos de ellos del ejercicio 2018 y cuatro más del presente 2020, a los que se irán incorporando los que se hallan en elaboración. El órgano de control externo con sede en Palencia tiene en distintas fases de tramitación 35 trabajos correspondientes a los planes anuales de fiscalizaciones de 2019 y 2020. Mario Amilivia subrayó que 24 de los 197 informes aprobados históricamente por el Consejo lo han sido durante el actual mandato, habiendo comparecido durante este año y medio en 12 ocasiones, en las que ha expuesto ya 38 informes, un 19% sobre el total histórico.

De esta forma, confió en que antes de fin de año se encuentre al día la presentación de informes, de forma que estos gocen de la mayor actualidad posible en relación a la materia objeto de fiscalización, que es uno de los objetivos fundamentales del primer Plan Estratégico del Consejo.

La gestión de la investigación de las universidades públicas

Auditoría fundamentalmente operativa, correspondiente al Plan anual de 2016, se centró en evaluar el seguimiento de la normativa a que están sujetas las universidades en la gestión de la investigación, así como en analizar los resultados obtenidos a través del estudio de sus indicadores de rendimiento y la consecución de los objetivos previstos. El informe se publicó en mayo de 2018 y la fiscalización fue posteriormente incluida en el informe sobre el seguimiento de recomendaciones publicado en julio de 2019, proporcionando así una visión más reciente de su contenido.

El informe refleja las principales deficiencias, incumplimientos y debilidades en 31 conclusiones. En cuanto al primer apartado del trabajo, 'Estructuras organizativas de la investigación en la Universidad', y más específicamente, las Estructuras canalizadoras de la actividad investigadora, se pone de manifiesto una atomización de estas estructuras, que dificulta su papel de asistencia en el desarrollo de la actividad investigadora del profesorado universitario (por ejemplo, 158 departamentos, 475 grupos de investigación y distintos centros de investigación).

En relación a las Estructuras directivas y para la gestión de la investigación, las cuatro universidades gestionan directamente sus propios programas de investigación financiados con sus recursos autónomos. En cambio, para la gestión de la actividad investigadora desarrollada a través de proyectos (contratos del artículo 83 de la LOU, convenios y donaciones, en los que los financiadores son agentes externos de las universidades) han adoptado modelos diferenciados.

En lo referido a los recursos humanos dedicados a la investigación, la convivencia en las universidades de las diferentes categorías de personal no está suficientemente coordinada ni se ha reconducido a un único itinerario, lo que produce una confusa configuración de la carrera administrativa del Personal Docente e Investigador (PDI). Los diferentes sistemas de acceso a cada una de las categorías profesionales contribuyen a la precariedad del personal, que ha de recorrer una amplia trayectoria de sucesivas y diversas figuras contractuales temporales antes de poder acceder a una contratación estable.

A 31 de diciembre de 2015 el Personal Docente Investigador de las cuatro universidades públicas sumaba 6.787 efectivos, de los que 821 correspondían a la de Burgos, 998 a la de León, 2.454 a la de Salamanca y 2.514 a la de Valladolid. Por colectivos, 3.217 eran laborales temporales (47%), 3.007 funcionarios (44%), 542 contratados laborales fijos (8%) y 21 eméritos. 

En cuanto a la gestión de plantilla a efectos del desarrollo de la actividad investigadora, entre 2011 y 2015, en el conjunto de las cuatro y bajo el efecto de la aplicación de la tasa de reposición de efectivos y la prohibición de contratación temporal y de interinos salvo casos excepcionales, la plantilla se redujo un 2%. El personal funcionario se redujo en un 14% mientras que el contratado temporal se incrementó un 13%.

En relación al segundo apartado de los resultados del trabajo, el Análisis de la gestión de la investigación, ninguna de las cuatro universidades dispone de un sistema para evaluar internamente la dedicación investigadora del profesorado a efectos de analizar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional, tal y como contempla la LOU.

Los procedimientos de las universidades públicas para calcular la carga docente del profesorado funcionario antes de comenzar el curso no siguen la filosofía de la modificación efectuada en la LOU, que permite a las universidades graduar la actividad docente del profesorado universitario en función de la mayor o menor actividad investigadora acreditada mediante sexenios de investigación. Las cuatro universidades en el curso 2015/2016 exigieron a su profesorado funcionario 159.148 horas de docencia presencial menos que las que podrían exigírsele si se aplicaran las reglas de la LOU, por lo que la reducción es del 21%.

El tercer y último apartado de la fiscalización se refiere a los Resultados de la investigación. Para el análisis se han tenido en cuenta los Informes de Fundación Conocimiento y Desarrollo que utilizan una serie de indicadores de producción científica. Así, las cuatro universidades han incrementado el volumen de producción científica, pero su posición en el ranking de las 48 universidades públicas españolas se mantiene o empeora.

El Consejo de Cuentas plantea 10 recomendaciones, tres dirigidas a la Junta, ocho a cada una de las universidades y una a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. El grado de aceptación de las mismas se ha cifrado en un 58%.

La recomendación para eliminar la figura del becario de investigación en aquellos supuestos en los que legalmente subsiste ha sido aplicada por las universidades de Burgos y León. La Universidad de León aplica parcialmente la recomendación que plantea diferenciar, dentro de los contratos regulados por el artículo 83 de la LOU y de los convenios, los que tienen por objeto la investigación de otros de prestación de servicios.

La Universidad de Burgos aplica parcialmente la referida a la implantación de un sistema de evaluación de la eficacia y la eficiencia del profesorado universitario en el desarrollo de la actividad investigadora.

En otra recomendación, el Consejo plantea que las universidades cuantifiquen los costes indirectos que deben aplicarse a la actividad investigadora en base a criterios y normas de contabilidad generalmente aceptadas para lo que debería utilizar, una vez implantados definitivamente, los sistemas de contabilidad analítica. Amilivia significó que se está elaborando en la actualidad el informe de 'Fiscalización de la situación de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León, en colaboración con el Tribunal de Cuentas', que podría ser aprobado en el último trimestre de este año. La implantación de dicho modelo, afirmó, no avanza de igual manera en todas las universidades, tanto en las de Castilla y León, como en las del conjunto del país.

Fiscalización de las cuentas anuales de la Universidad de Valladolid

Las actuaciones de este trabajo se refieren al ejercicio 2016 o curso 2016/2017, analizándose también la evolución de determinados datos en el periodo 2014 a 2017. Se trata de la cuarta ocasión en la que UVA es objeto de una fiscalización especial por parte del Consejo de Cuentas.

En relación a la formación y rendición de cuentas, la Universidad ha cumplido con los trámites y plazos establecidos, ajustándose, en términos generales, al Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad. No obstante, las Cuentas Generales de la Comunidad desde 2017 no incorporan el informe de auditoría de la Universidad de Valladolid que debe realizar anualmente la Intervención General de la Administración autonómica debido a que no se emitió en plazo, aunque sí aparece en el portal de transparencia de la Universidad.

El presupuesto definitivo de gastos alcanzó los 215 millones de euros en 2016 y los 221 millones en 2017. El presupuesto de ingresos presentó en 2016 un grado de ejecución del 82% y en 2017 del 85%.

En el periodo 2014-2017 el resultado presupuestario fue positivo en todos los ejercicios excepto 2016, pasando de 12 millones en 2014 a 4 millones en 2017. El remanente de tesorería ascendió a 72 millones en 2017, que supone un incremento porcentual del 9% respecto al ejercicio anterior.

El presidente del Consejo de Cuentas analiza la gestión de la investigación en las...
Comentarios