Rebajas de penas, expulsiones del país y conmutaciones, las causas

Las rebajas de las penas introducidas por las últimas novedades del Código Penal, la posibilidad de sustituir las penas a los condenados extranjeros por la expulsión del país y la conmutación de las penas por trabajos en beneficios para la comunidad están detrás de buena parte de los recortes de la población que reside en el centro penitenciario leonés.

A nivel autonómico, más del 39% de los presos que habitan las cárceles -1.306- tienen penas a purgar de entre tres y ocho años. Con condenas de entre tres meses a tres años hay 726 condenados, cifra que se eleva a 742 en aquellos que tienen castigos que oscilan entre los ocho y los quince años.

Los sentenciados a penas de entre 15 y 20 años son 286 y un total de 244 los sentenciados a más de dos décadas (en 17 casos no consta). Asimismo, hay 373 presos preventivos.

La mayoría de los reclusos han acabado en la cárcel por delitos contra el patrimonio y el orden socieconómico (1.408), la libertad sexual (364) y la seguridad vial (66), así como por tráfico de drogas (593) y malos tratos (360). Por homicidio hay 341.

El 72,8 % la población reclusa de la autonomía, incluyendo aquella con condenas preventivas, estaba al término de julio de 2019 desarrollando un puesto de trabajo.

Así, casi 1.200 presos (en 2009 no llegaban ni al 40%) están ocupados en talleres propios y externos, así como en actividades auxiliares, lo que les permite cobrar un sueldo, cotizar a la Seguridad Social, llenar su tiempo y aprender, en muchos casos, un oficio de cara a la reinserción.

Todas las prisiones de la Comunidad cuentan con servicio de panadería, cocina, economato y mantenimiento, así como taller de confección industrial.

Además, ofrecen labores de manipulados, carpintería metálica y call center a distintas empresas como Archivo del Esla, entre otras. Están en estudio nuevos proyectos de características similares para aumentar la oferta que se presenta.