Diario de León

Sanidad estudia prorrogar el estado de alarma más allá de mayo

El Gobierno publica en el BOE los cierres del puente y Semana Santa y Madrid los acata, pero avisa de que los llevará a los tribunales

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Melchor Sáiz-Pardo / Alvaro Soto
León

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El Gobierno no descarta llevar más allá del 9 de mayo el actual estado de   alarma , en vigor desde el 25 de octubre. Por primera vez desde que el pasado otoño se aprobó el decreto para frenar la escalada de la segunda ola, el Ejecutivo central deja la puerta abierta a intentar prorrogarlo para seguir dando a las autonomías instrumentos suficientes para frenar la movilidad y restringir derechos fundamentales sin tener problemas con los tribunales.

Fue la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la que anunció ayer que el Gobierno no se cierra a ninguna posibilidad porque el objetivo es "bajar la incidencia". Darias se hizo eco del sentir de buena parte de los técnicos de su departamento y de Moncloa, que creen que el sistema del actual estado de alarma, que sitúa a las comunidades como autoridades delegadas, está funcionando "casi a la perfección", hasta el punto de que ha logrado embridar la segunda y la tercera ola.

Darias abrió particularmente la puerta a seguir con el estado de alarma para conseguir que España llegue a los 50 casos de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes, el objetivo primigenio que se marcó el Gobierno e, incluso, seguir tirando de normativa de excepción para bajar hasta los 25 casos, el llamado "escenario de normalidad", en el que los especialistas de Sanidad creen que es posible convivir con el virus sin riesgo de tensionar los sistemas asistenciales y sanitarios.

Según precisaron fuentes de Moncloa, en el Gobierno solo recurrirían a la prórroga del estado de alarma si la situación epidemiológica no hubiera mejorado en mayo, un escenario que "no se espera". En el Ejecutivo son conscientes de las dificultades que supondría tener de nuevo el aval del Parlamento para sacar adelante una nueva prórroga.

Sin embargo, también saben que medidas de restricción de movimientos como el cierre perimetral autonómico o los toques de queda aprobados para el puente de San José y la Semana Santa no serían viables sin la vigencia de un estado de alarma que faculte a las comunidades a encerrar a sus ciudadanos.

 

Entre autonomías

Ayer mismo, el Gobierno publicó en el BOE las órdenes del cierre perimetral entre el 17 y el 21 de marzo y desde el 26 de marzo al 9 de abril, excepto de Canarias y Baleares. En el texto, el Ejecutivo reconoce que Madrid votó en contra de la resolución y que Cataluña "no emitió ningún voto". No obstante, el Gobierno recuerda que, pese a la oposición de Madrid, "a excepción de Canarias y Baleares", lo decidido por el Consejo Interterritorial es de "obligado cumplimiento" para todas las comunidades autónomas. El aviso en negro sobre blanco pareció tener efecto porque el viceconsejero de Salud Pública de Madrid, Antonio Zapatero, anunció que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicará un nuevo decreto con los cierres perimetrales para Semana Santa y el puente de San José decididos por el consejo, pero que, acto seguido, habrá recurso ante la justicia, "al no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante".

Solo "coordinación" Los letrados de la comunidad creen que el Gobierno no tiene capacidad de imponer el acuerdo del Interterritorial por dos motivos. El primero, porque este órgano no posee capacidad ejecutiva, pues es una institución exclusivamente dedicada a la "coordinación", en la que ni siquiera está previsto un sistema de votación o de mayorías. El segundo es que el actual estado de alarma, aprobado el pasado 25 de octubre y prorrogado el 9 de noviembre, establece que las "autoridades delegadas" que deben tomar las decisiones sobre las medidas que se ofrecen en ese decreto (entre ellas, los cierres autonómicos) son exclusivamente las comunidades.

Zapatero explicó que a estas justificaciones jurídicas se suma una científica, y es que "está técnicamente demostrado que la densidad de población juega un factor determinante en la mayor transmisión de todas las patologías respiratorias, y el coronavirus es una de ellas". "Es un hecho corroborado, porque cuando se ha producido el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, uniprovincial, han aumentado los contagios, por lo que entendemos que técnicamente es una medida que perjudica a la evolución de la pandemia en nuestra comunidad", apostilló el consejero.

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