Unos servicios mínimos «abusivos» llevan al fracaso la huelga por las 35 horas en León

«¿Qué hay huelga», pues no lo hemos notado, qué pena», aseguraban ayer cuatro adolescentes a las puertas del instituto Juan del Enzina, al saber que sus profesores y el personal administrativo del centro estaban llamados a un paro, al igual que los 15.294 empleados públicos de la Junta en León. Una medida de fuerza para recuperar la jornada de 35 horas que perdieron en 2012 por la crisis económica.  

Las cifras de seguimiento no fueron «amables» con los sindicatos convocantes, CC OO, UGT y Csif, ya que la administración autonómica valoró que apenas 277 trabajadores (un 4,5%) secundaron la huelga en León. Las plataformas sindicales achacan a «unos servicios mínimos abusivos» los datos, que, no obstante, elevan al 50%. «Más de 8.000 empleados públicos están vinculados hoy (por ayer) a los servicios mínimos y en Sanidad deberían haberse programado como si fuera un día festivo, cuando lo que han hecho es que trabajen como en una jornada normal o incluso un poco más», señalaron.  

Lo cierto es que en los centros de salud de la capital la huelga tampoco dejó gran huella. «Los médicos nos han atendido con normalidad y sin retraso», reconocieron varios pacientes. En el Hospital se registró algo más de seguimiento, pero sin que la mayoría de los usuarios se vieran afectados. La Junta rebaja al 1,30% el seguimiento en el sector sanitario que los sindicatos elevan al 54%, al igual que reconoce un porcentaje similar en el sector educativo (1,7%). En este ámbito pudo pesar que otras plataformas sindicales con fuerte presencia, como Stele, no secundaron la huelga, al considerar que el acuerdo alcanzado por UGT, CC OO y Csif el pasado 21 de mayor para recuperar las 35 horas era «electoralista y sin memoria económica». En cuanto a la delegación territorial, el seguimiento alcanzó el 15%.  

Los tres sindicatos piden que se cambie a los interlocutores en la mesa de negociación (Carlos Fernández Carriedo y Ángel Ibáñez), «porque no saben nada de educación o sanidad»; que se publique en el Bocyl el acuerdo del 21 de mayo para poder empezar a aplicarlo (tenía que haberse puesto en marcha en octubre); y que «dejen de reírse de nosotros y de faltarnos al respeto cambiando de opinión con tanta facilidad».  

Defienden que León necesita empleo y con la jornada de 35 horas se crearían «entre medio millar y mil puestos, porque desde 2012 se perdieron 400 en la Sanidad, 350 en educación y otros 300 en la administración vinculados a la Junta», cuyo coste valoran en 24 millones de euros. Insisten en que «nunca en todos los años de Democracia la administración había incumplido un acuerdo suscrito con los sindicatos».  

La última oferta de la Junta es reinstaurar a partir del 31 de marzo la jornada de 35 horas. En las otras dos negociaciones habían señalado que a final de 2020 y luego en junio. Planteamientos que los sindicatos consideran todavía «poco creíble».