viernes. 07.10.2022
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Antonio Silván, en el Senado. DL

El portavoz de Agenda Urbana del Grupo Popular y senador por León, Antonio Silván, ha denunciado que el Real Decreto Ley 1/2021,  de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, “legitima un acto delictivo, ataca la propiedad privada, limita la justicia para los propietariaos o tenedores de viviendas y echa por tierra la cultura del esfuerzo y del trabajo como base fundamental de la prosperidad de una persona y de la sociedad a la que pertenece”.

Silván ha defendido hoy, en el Pleno de la Cámara, una interpelación al Gobierno sobre las medidas que tiene previsto implementar para combatir judicialmente de forma más eficaz los cada vez más numerosos casos de ocupación ilegal de viviendas que se están produciendo en nuestro país, según explica en un comunicado. 

Así, el senador popular ha señalado que su Grupo ha presentado esta iniciativa “ante el aumento desesperante de la ocupación ilegal de viviendas en España” y ha recordado que, según datos del Ministerio del Interior, de 2015 a 2019 la ocupación se ha incrementado en un 41% y, en el primer semestre de 2020, hay una media de 40 denuncias al día. "40 propietarios que diariamente se ven privados de su vivienda, un problema real que no para de crecer”, ha subrayado.

"Osadía normativa" del Gobierno

Por ello, Silván ha criticado el “despropósito y la continua osadía normativa” del actual Gobierno y sus socios comunistas. “Osadía normativa que, en el ámbito de la vivienda, y así se lo ha hecho ver ya la semana pasada el Tribunal Constitucional, vulnera todos los principios constitucionales y de seguridad jurídica propios de un país moderno y del que los españoles disfrutábamos hasta que ustedes han llegado al Gobierno”.

“Es realmente insólito que un Gobierno, que tendría que ser el máximo garante de la seguridad jurídica, de la certidumbre y de los derechos de las personas, sea la principal fuente de desconfianza y de ataque a todos esos principios legales; son ustedes únicos, ningún otro Gobierno de nuestro entorno hace esto, aunque quizás sea porque somos el único país en el que los defensores ultras de políticas comunistas anquilosadas y demostradamente fracasadas están sentados en el gobierno”, ha aseverado.

Según el senador popular, este RDL, que modifica el Decreto de 22 de diciembre, de medidas Urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transporte, “es un nuevo peaje, que pagamos todos los españoles, por mantener el acuerdo de Gobierno. Peaje para que Unidas Podemos retirase la enmienda que presentó junto a ERCE y Bildu a los PGE”.

Así mismo, Silván ha asegurado que “no es muy normal que el Gobierno al completo enmiende sus propios decretos en apenas un mes, pero mucho nos tememos que en breve seremos testigos de nuevos enfrentamientos a costa de la Ley de Vivienda, que pasarán una vez más por una prórroga de la paralización de los desahucios, esta vez indefinida. Sabemos que esto es lo que busca el Sr. Iglesias y de cada cisma en el seno del Gobierno sale un nuevo coste para todos los españoles”, ha remarcado.

“Ustedes tienen la poca catadura moral -le ha reprochado al ministro- de utilizar la desesperación de las personas en situación de vulnerabilidad para legitimar y proteger actuaciones delictivas que nada tienen que ver con los valores y los principios de la sociedad española y, sobre todo, de la inmensa mayoría de españoles que pueden estar en situación de vulnerabilidad. No sean cobardes, si quieren legitimar delitos, díganlo claramente”, ha apostillado.

El portavoz popular ha afirmado que “amparar la ocupación, que es lo mismo que amparar un delito, trae múltiples consecuencias negativas para el dueño del inmueble usurpado y para el resto de los vecinos del edificio, del barrio, de la ciudad o del pueblo donde se produce el acto delictivo y, además, provoca un efecto llamada tanto para la realización de esa acción, como para la aparición de mafias”.

La respuesta del ministro

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recalcado este martes que la suspensión de los desahucios es una medida "absolutamente coyuntural" para atender a una situación excepcional y que terminará en el momento en el que se levante el estado de alarma.

Campo se ha pronunciado en estos términos en el pleno del Senado en respuesta al senador del PP Antonio Silván después de que este haya augurado que esa medida se implantará de forma indefinida por voluntad del vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias.

Silván ha interpelado al ministro por los planes del Gobierno ante el "desesperante aumento" de la okupación de viviendas en una intervención en la que ha acusado a los miembros del Ejecutivo de amparar a los delincuentes en vez de a los propietarios de vivienda.

Campo ha recordado que los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio del Interior desmienten que se haya "disparado" la okupación, ha incidido en las instrucciones dictadas tanto por Interior como por la Fiscalía para agilizar la recuperación de las viviendas y ha apuntado que -como también se conoce- el 80 % de los casos se produce en viviendas vacías de bancos o grandes propietarios.

Por ello, ha lamentado que el PP se deslice hacia la estrategia de Vox, hacia la "irresponsabilidad y la demagogia" de hacer creer a los ciudadanos que están desprotegidos ante la okupación o extender rumores infundados como el que dice que no se puede expulsar a los allanadores si no se actúa en las primeras 48 horas.

El ministro ha subrayado la importancia de diferenciar entre grupos criminales organizados y personas en situación de vulnerabilidad, a quienes -ha indicado- no se puede dar la espalda. "Requieren respuestas diferentes", ha manifestado.

Silván acusa al Gobierno de atacar la propiedad privada con la norma sobre okupación
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