Solo el 6% de quienes viven bajo el umbral de pobreza reciben el IMV

Sólo el 6% de las personas que viven bajo el umbral de pobreza —ingresan al año menos de 6.417,3 euros por miembro de la unidad de convivencia— está cobrando el Ingreso Mínimo Vital, una cifra muy por debajo del número de perceptores de otros territorios, como los navarros, que reciben esta ayuda de protección en un 22% de los casos de necesidad. Los enormes desequilibrios contrarian el principio del escudo social anunciado por el Gobierno y que empezó a llegar a los primeros hogares de la provincia en julio de 2020, cuando se desembolsaron los primeros 419.969 euros.

El funcionamiento de este soporte se ha ido conociendo con el paso de los meses, pero hasta ahora no se había cuantificado el alcance de la crisis social y la respuesta que ha tenido por parte del Gobierno central. Datos aportados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales revelan que el presupuesto del IMV no ha sido ejecutado ni en un 50% teniendo en cuanta el gasto realizado por la Seguridad Social en los nueve meses del año. Actualmente, el Estado aportó 1,8 millones de euros en septiembre para financiar esta cobertura del Ministerio de Inclusión entre los beneficiarios de la provincia leonesa. Desde el nacimiento de la ayuda, el desembolso total en León ha sido de 22,9 millones de euros, según la misma fuente.

Además de los reveses sufridos desde su creación, tres de cada cuatro solicitudes han sido rechazadas. Y de las que se han aprobado se sabe que la cuantía media de la prestación por persona es de 172 euros. Las denegaciones, principalmente, se producen «por la complejidad del procedimiento» y la dificultad de cumplir unos «exigentes requisitos».

El propio ministerio, en respuesta a través del Portal de Transparencia, reconoce que el 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad; un 10% de ellas se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia. A este respecto hay que subrayar que solicitudes con todo en regla fueron rechazadas por los cambios que se fueron produciendo durante los primeros meses de la constitución del IMV, como por ejemplo la imposibilidad de vivir con alguien que no forme parte de la unidad de convivencia.

Esta medida no ha sido entendida, puesto que de haberse permitido esta opción, como lo era al principio, habría más beneficiarios con necesidades que podrían compartir gastos de vivienda habitual. El Gobierno PSOE-Unidas Podemos pretendía atender en España a 2,3 millones de personas con el Ingreso Mínimo; hasta hoy lo han conseguido 800.000.