La Udev investiga la presunta filtración de la oposición de ordenanzas del Ayuntamiento de León

La  presunta filtración del examen para la bolsa temporal de ordenanzas del Ayuntamiento de León llegará a los juzgados a primeros de año. Después de que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la Policía Nacional reclamara a los responsables municipales que le trasladaran la identidad del concejal de Régimen Interior, Vicente Canuria, y de las personas a las que, según la denunciante, les pidió el día antes la prueba, el juez comenzará a tomar testimonio en febrero al presidente del tribunal, Carlos Hurtado.

La citación se hizo pública esta viernes, durante la comisión de investigación municipal, en la que se acordó el listado de personas a las que se llamará para que pasen a prestar testimonio. La primera, como suscribieron todos los partidos, será la propia denunciante que, ante el registro general, solicitó la paralización del proceso amparada en su acusación de que el concejal de Personal y Régimen Interior, Vicente Canuria, había pedido un día antes a «diversos compañeros el examen», delante de «varios testigos". "No acompaño documentos. Acompaño testigos si se necesitan que mantendré anónimos por ser trabajadores y acompañantes míos", remataba la afectada, después de que ya se hubieran conocido las notas, entre las que destacaba la existencia de un 10 redondo.

Las acusaciones, que el concejal aludido negó «absolutamente», a la vez que consideró «insensata y denigrante» la imputación, hicieron que el presidente del tribunal frenara el proceso. En el acta del acuerdo, Hurtado recogió que tenía «el pleno convencimiento de que se ha podido filtrar el examen a partir de que el mismo fue impreso, y no antes, si bien se desconoce cómo se ha podido realizar y quién lo ha podido realizar». El informe incidía en que se había «ordenado investigar al Departamento de Sistemas si alguien ha accedido al ordenador» del presidente del tribunal o al de «la señora Secretaria», así como «a la impresora en la que fue impreso el ejercicio, sin resultado alguno».

Como consecuencia, resolvió "conveniente proponer al Tribunal la no ratificación de las calificaciones provisionales publicadas, que, por tanto, no quedarían elevadas a calificaciones definitiva", tras apoyar su planteamiento  «a la vista de los resultados de la prueba y de los indicios señalados por una aspirante», quien apuntaba «claramente, a su juicio, a que se ha podido acceder al ejercicio, una vez impreso éste, por terceras personas que no es posible determinar, como tampoco lo es conocer en qué momento se ha podido acceder al examen».

Todo ese cruce está "judicializado", aunque la Udev de la Policía Nacional "no ha vuelto a pedir más información", como aclaró la secretaria general del Ayuntamiento durante la comisión municipal de investigación. Esto hace que, como se admitió en la reunión, pueda darse el caso de que las personas a las que se cite no acudan a prestar su testimonio en el consistorio, dado que no están obligados.

Pese a esta voluntariedad, la comisión cerró el listado inicial de personas a las que se invitará a prestar testimonio. A mayores de la denunciante, a la que se reserva la reunión prevista para el 19 de enero, aparece un largo listado de funcionarios y laborales, propuestos por la portavoz de Ciudadanos, Gemma Villarroel. Entre ellas están "el concejal de Régimen Interior, Vicente Canuria,  los miembros del tribunal evaluador, tanto los titulares como los suplentes, cuatro opositores que también han presentado reclamaciones al tribunal, una persona perteneciente al departamento de informática del Ayuntamiento de León y nueve empleados municipales que figuran como colaboradores en el proceso de selección de esta prueba", trasladaron desde la formación.

 

 

 

 

.