La Unión Europea decidirá sobre la legalidad de la prórroga

Desde 1983, circular por vía de alta capacidad entre León y Asturias implica una operación de pago; desde entonces, con sus variantes, sus mejoras de estructura, la actualización de condiciones; pero después de pagar. Este es el signo bajo el que se han desenvuelto dos generaciones de leoneses y asturianos que no conocen otra forma de relación y de encuentro que pasar primero por taquilla si eligen el cauce del Luna.

La segunda vida que inicia mañana la autopista de Aucalsa, la de la prórroga de la concesión, está pendiente ahora de los órganos de la Unión Europea, donde se ha presentado una demanda por la ilegalidad del proceso que llevó a ampliar la concesión de la autopista por otros 29 años. La autopista cumple 38 años con un único aliciente para los usuarios: que la Unión Europea decida sobre la demanda, promovida desde Asturias por el grupo Podemos, con un veredicto similar al que se aplicó a la demanda sobre una autopista gallega, en el que apreció ilegalidad.

Los promotores de la demanda creen que no concurrieron motivos de interés general para prorrogar la concesión. El Gobierno de España parece que no compare esa tesis, y va a defender la opuesta cuando la comisión de la Unión Europea le cite como parte implicada en este asunto. El pago del peaje durante otros 29 años, la época que aplica de forma oficial la ampliación que se decidió hace dos décadas, queda pendiente de una valoración sobre si hubo o no una administración correcta.

Hasta entonces, la segunda vida de la AP-66 se verá animada por una consignación de 9 millones para aliviar el coste y el desengaño de las promesas políticas de rescate que no han llegado a cumplirse jamás.