Acom celebra que sus propuestas hayan ampliado la zonificación
La Asociación de las Comarcas Mineras, Acom, destacó ayer «la colaboración y el trabajo en equipo» de todas las Administraciones Públicas implicadas en el proceso de consulta pública y la «especial sensibilidad» tanto de las Comunidades Autónomas involucradas como del Ministerio a través del Instituto de Transición Justa, a sus propuestas de zonificación y hacia los territorios mineros, «permitiendo y promoviendo la inclusión territorial de todos los municipios mineros en los CTJ, para que ningún territorio se quede atrás en estos tiempos convulsos, en los que nuestros municipios necesitan más comprensión que nunca para salir adelante»
En un comunicado, Acom destaca que la asociación ha aportado desde el punto de vista técnico una revisión y ampliación del mecanismo preliminar de zonificación, que inicialmente dejaba fuera de la aplicación de los CTJ a muchos de los municipios afectados en las últimas décadas por la crisis de la minería «y que considerábamos elegibles por su circunstancias territoriales y por su afección económica». «En este sentido nuestra propuesta consideraba ampliar como municipios elegibles y susceptibles de aplicación de los CTJ a todos aquellos municipios con demostrada vinculación histórica a la minería de carbón y la consideración de un horizonte temporal más amplio en los cálculos de los indicadores de empleo afectado que se utilizan como criterio de delimitación de municipios elegibles», añade el comunicado en el que Acom señala su defendsa de incluir «no solo a aquellos municipios en los que el cese de la actividad minera tuvo lugar a 31 de diciembre de 2018, sino también a aquellos municipios que histórica y territorialmente dependieron de la economía monocultivo del carbón y en cuyos territorios, fuertemente castigados por la reconversión y la crisis de la minería, no se ha dejado notar la reactivación económica y social».
La asociación municipal expresa su intención de seguir trabajando y cumplir con el mandato de la FEMP «en orden a la defensa de los intereses de los municipios» y buscando como objetivo común el impulso del desarrollo económico alternativo y el freno al despoblamiento, en las zonas afectadas por los procesos de transición energética.