domingo. 25.09.2022

Los acusados 

Antonio del Valle Alonso, presidente y consejero delegado de la HVL; Arturo del Valle Alonso, vicepresidente y consejero delegado; Aurelio del Valle Jover, vocal de la empresa. Los tres eran miembros del consejo de administración y los dos primeros, según el fiscal, eran los máximos responsables en materia de seguridad. Aunque «habían omitido actualizar las importantes modificaciones que se habían producido en la organización de la empresa desde la aprobación de la DIS en 1988», lo que determinó que no existiera una clara atribución de funciones. 

Mario Calvo Herce era director general de la empresa, que «debía vigilar el desarrollo de la explotación y de la seguridad y estaba informado de las incidencias». 

José Eliseo Solís Álvarez, ingeniero de Minas y director facultativo del Grupo Tabliza, supervisaba «todos los aspectos relacionados con la seguridad y asumía la dirección de la explotación».

David Toribio Fernández era el ingeniero técnico jefe del Grupo Tabliza y tenía que dar cuenta diaria de cómo transcurrían los trabajos, en especial de las anomalías observadas.

Javier Martínez Rico, subjefe del Grupo Tabliza del primer relevo, ingeniero técnico de Minas; de él dependían los vigilantes del relevo, con los que debía analizar el desarrollo de los trabajos y los incidentes. 

Jairo Gómez Bartolomé, ingeniero técnico de Minas, era subjefe del grupo en el segundo relevo.

Carlos Conejo Lombas, vigilante primera interior del primer relevo; José Ramón González Fernández, vigilante primera interior de segundo y tercer relevo; Óscar Luis Dopazo Suárez, vigilante primera de interior de segundo y tercer relevo. Los tres tenían encomendado inspeccionar la mina y observar si existía desprendimiento de gases nocivos o peligrosos, además de otras anomalías. 

José Marcos Ulecia Román, ingeniero de Minas, era jefe del Departamento de Seguridad Minera, del Servicio de Prevención de Riesgos y de Ventilación y Control Ambiental. 

José Carlos García Jarrín, ingeniero técnico, era jefe de Seguridad Minera del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de la Brigada de Salvamento.

Andrés Rodíguez Cuesta y Alberto Rivero Fernández eran vigilantes de seguridad y su función era la inspección diaria de los trabajos y labores del grupo al que eran asignados. Y debían ejercer vigilancia adicional en los lugares de mayor peligro, «advirtiendo al personal de los riesgos y formando sobre los medios de prevención a adoptar.

Para Alberto Fernández Díez, delegado minero de seguridad, el fiscal solicitó el sobreseimiento provisional porque «no resulta debidamente justificada» su participación en la tarea durante la cual ocurrió el accidente. 

Las víctimas 

En el accidente fallecieron el picador José Antonio Blanco Barrio, de 43 años; el vigilante Juan Carlos Pérez Fernández, de 41 años; el picador Manuel Antonio Moure Fernández, de 40 años; Orlando González Fernández, tubero de 44 años; el picador Roberto Álvarez García, de 36 años y el picador José Luis Arias Gutiérrez, de 45 años. 
Todos ellos murieron, según la autopsia, por anoxia oxipriva ocasionada por respirar una atmósfera con gran cantidad de metano. 

Además resultaron heridos ocho trabajadores que acudieron en auxilio de sus compañeros, los picadores sutiradores Javier Cabello, de 40 años; Amancio Viñayo Álvarez, de 43 años y Roberto Julián Crespo González, de 38 años; y el picador Juan Manuel Menéndez Montero, de 42 años. También Arpad Acs Harmath, de 55 años; José Manuel Díez Coque, de 34 años, el picador sutirador Miguel Ángel González Rodríguez de 40 años y el ayudante minero Abel Viñuela García, de 31 años. 

También ha presentado reclamación el picador de 37 años Óscar Gutiérrez Calvo.
 

Los acusados y las víctimas del accidente