Aplazan la moción de Stop Desahucios para lograr el respaldo de la oposición
La cesión de las viviendas municipales aún debe esperar a un informe del secretario.
Representantes de Stop Desahucios, junto a Alonso y Rojo, tras la reunión con el PSOE y el PAL.
Astorga tendrá que esperar, al menos un mes más, para ser declarada ciudad contra los desahucios. Una decisión que el equipo de Gobierno tomó ayer a petición de Stop Desahucios, ante la imposibilidad de conseguir el respaldo de la oposición para que salga adelante en el pleno, que se celebra hoy. El portavoz del PAL, Pablo Peyuca González, confirmó que «no se trata de aprobar una moción para quedar bien» y explicó que el escrito, que pide la dación en pago, «lo he recibido hoy, sin posibilidad de estudiarlo con mi grupo». Por eso, el leonesista manifestó su negativa de aprobar la urgencia de la moción. «He pedido que se aplace la votación para hacer las cosas bien», reconoció.
A pesar de esta prórroga, las negociaciones del Ayuntamiento con la plataforma ciudadana para ceder tres pisos municipales a familias desahuciadas continúa. Stop Desahucios presentó ayer a la alcaldesa, Victorina Alonso, a la concejala de Servicios Sociales, Mercedes G. Rojo, y al portavoz del PAL, un protocolo, en el que se incluye el convenio para dejar las viviendas, y poder formalizar cuanto antes la cesión de los inmuebles. Una propuesta, que a diferencia de la moción, ya cuenta con el respaldo de Peyuca González.
El coordinador intercomarcal de la plataforma, Juan Álvarez, adelantó que «los términos de este protocolo deben adaptarse a las posibilidades del Ayuntamiento». De ahí que el secretario ya esté trabajando en un informe sobre aspectos más concretos como quién se hará cargo de los gastos una vez que las viviendas estén ocupadas.
Además el consistorio facilitará a la plataforma un local en la calle Juego de Cañas para que se puedan atender las dudas de los afectados.
Finalmente, Álvarez confirmó que ayer lograron paralizar provisionalmente el desahucio de una familia de la comarca que tiene una deuda que ronda los 90.000 euros. «Solicitaremos que el juez estudie que la entidad bancaria ha incumplido el Decreto de Buenas Prácticas, además de que el contrato tiene cláusulas abusivas», zanjó.