Diario de León

Asaja recurre las ayudas de la Diputación y no descarta utilizar la vía penal

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La organización agraria Asaja presentó ayer ante la Junta de Gobierno de la Diputación de León un recurso de reposición instando a la nulidad de las bases de convocatoria de las ayudas a las organizaciones agrarias y cooperativas publicadas en BOP del 10 de noviembre. Estas ayudas, como denunció Asaja el día que se publicaron, «están dirigidas para perjudicar a la principal organización agraria de la provincia y beneficiar a Ugal-UPA, cuyo secretario general es a su vez vicepresidente primero de la Diputación», reza la nota de prnsa enviada a los medios. En ella explican que en marco anterior de las ayudas, con un reparto basado sobre todo en los resultados de las elecciones agrarias, Ugal y su cooperativa Ucal recibían 29.255,14 euros al año, y Asaja 42.800,16 euros, mientras que con el nuevo sistema de reparto Ugal y Ucogal recibirán 40.000 euros mientras que Asaja recibirá 20.000 euros. Asaja tiene una representatividad del 50,27%, mientras que la de Ugal es del 27,69%.

«Siendo evidente que Matías Llorente ha utilizado su condición de ser ‘la llave’ en la gobernabilidad de la Diputación, para modificar la convocatoria de las ayudas en su propio beneficio, tan siquiera se ha preocupado de cuidar las formas, por lo que la desfachatez ha llegado hasta ser él quien presidiera de forma accidental la Junta de Gobierno del 30 de octubre que aprobó la convocatoria, y que entre los ocho miembros del órgano de gobierno se encontrase también la diputada de Desarrollo Rural y Transición Ecológica, Avelina Vidal, afectada igualmente por conflicto de intereses como miembro destacado de la comisión ejecutiva de Ugal-UPA», denuncian.

La comisión informativa de Desarrollo Rural, que informó favorablemente de la concesión en su sesión de 22 de octubre, estuvo presidida por Avelina Vidal, miembro de la Ejecutiva de UGAL-UPA, y si es cierto que se aprobó por unanimidad como informó la Diputación desde su gabinete de prensa, no cumplió con el deber de ausentarse o al menos abstenerse en una votación que afectaba a sus intereses sindicales y políticos. El sindicato no descarta llegar a la vía penan para depurar responsabilidades.

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